40 abogados piden a Fiscalía prohibir una manifestación contra los inmigrantes en Canarias
03 de Julio 2024
Cuarenta abogados han pedido formalmente a la Fiscalía Superior de Canarias que impida que se celebre una manifestación contra la inmigración convocada para este sábado, 6 de julio, en Las Palmas de Gran Canaria al percibir en sus consignas indicios de que puede incurrir en un delito de odio.
La convocatoria de la protesta circula por redes sociales con lemas que mezclan inmigración con criminalidad, como ‘¡Stop narco lanchas pateras!’ o ‘¡Stop delincuencia!, junto a otros como ‘De solidarios a engañados’ o ‘¡Primero los canarios!’.
Los organizadores, que no se identifican en el cartel, también echan mano de la consigna que sacó a la calle el 20 de abril a miles de personas en las ocho islas, pero entonces para protestar contra el turismo masivo y sus consecuencias: ‘Canarias tiene un límite’.
En un escrito, Diego León (primer firmante), la consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda, y el resto de los letrados que lo suscriben subrayan que las imágenes que acompañan el cartel ayudan a descifrar «las consignas reales» que observan tras esa convocatoria.
Una de las imágenes es una patera convertida en un caballo de Troya y la otra muestra a un grupo de guerreros guanches gritando ‘Guayota ha despertado’. Y guayota, recuerdan estos letrados, era el demonio para los pueblos aborígenes de canarias.
Este colectivo de juristas sostiene todo ello es indicio suficiente de que la protesta que se pretende organizar el sábado en Las Palmas de Gran Canaria puede ser constitutiva de un delito de manifestación ilícita del artículo 513 del Código Penal, en concurso con un delito de odio del artículo 510.
Por ello, piden que se aplique lo que la propia Fiscalía General del Estado indica en una circular de 2019 sobre cómo interpretar los delitos de odio, pues entienden que se busca «incitar al pueblo canario» a que tenga «sentimientos de hostilidad, odio y discriminación» ante los inmigrantes procedentes de África.
Recuerdan, además, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado claro que «la libertad de expresión no puede ofrecer cobertura al llamado discurso del odio», en una tesis que también mantiene en varias sentencias el Tribunal Constitucional de España.
«Es malévolo, cruel y perversamente racista y, por ello, entendemos delictivo, criminalizar continuamente a los africanos pobres que llegan a Canarias, acusándolos torticeramente de ‘invadir’ nuestra tierra», añaden los abogados que suscriben la petición.
Porque, recalcan, «el odio hacia las personas migrantes se argumenta principalmente a través de su asociación con criminalidad, terrorismo y gasto social, narrativas que se apoyan en campañas de desinformación que fomentan unos miedos infundados, pero fuertemente implantados».
