El valor de la cultura en la vertebración territorial del Estado

Los socialistas hemos heredado una gran tradición de apuesta firme por las políticas culturales. La cultura es para el Gobierno el instrumento fundamental del cambio, afirmaba Javier Solana, ministro socialista de cultura, allá por 1982. Y es desde ese espíritu y ese legado, que hemos venido manteniendo el compromiso con la cultura. Una herramienta para la igualdad social, pues la cultura debe ser accesible para toda la ciudadanía, y porque la garantía de acceso a la cultura es incuestionable en un estado democrático de derecho. Así lo afirmé en la comparecencia del ministro Ernest Urtasun, en la Comisión de Cultura del Senado.

Nos alegra comprobar que la piedra angular que sustenta hoy las políticas culturales del gobierno de coalición progresista tiene muy presente el valor de la diversidad y que la puesta en valor de su peculiaridad territorial va a seguir siendo la seña de identidad en las acciones políticas de la presente legislatura. En el año 2018, con la llegada al gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura, la cultura retomó el papel que debía: tras años de verse relegada a depender de una secretaría de Estado, retomaba el pulso como Ministerio, restituyéndose el importante valor patrimonial y cultural que nuestro país contiene. Con el ministro Iceta, se avanzó en la dignificación de los oficios culturales a través del Estatuto del Artista, un proyecto transversal en el que toman partido hasta siete ministerios; que ha conseguido avanzar en cuestiones como la cotización, la jubilación, la clasificación en el IAE y ya se avanza hacia un espacio común de normativa europea. El empleo cultural ha aumentado en un 8,3% desde 2020 (datos del informe Culturabase). El sector cultural aporta el 3,4% del PIB nacional y se abre  paso un nuevo tejido productivo cultural con oportunidades para la cohesión social, contando con  los retos y los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial. Desde la nueva Oficina de Propiedad Intelectual deberán ser orientados para seguir la pauta del Código de Buenas Prácticas, aprobado ya por el ministerio. En mi intervención en la comisión, destaqué esta consideración de las políticas culturales públicas en su dimensión más transversal. La cultura en nuestro país, como todos sabemos, se ha visto amenazada por quienes no comparten que la cultura sea un espacio para el crecimiento y el progreso de la sociedad. Y así, hemos visto cómo se toman decisiones que cercenan la libre manifestación artística de los creadores; que suprimen los recursos desde el más reaccionario de los planteamientos y que acotan las programaciones culturales de manera arbitraria en muchas comunidades autónomas, provincias y ayuntamientos de este país.

Añadido a esto, la defensa del derecho a la cultura y su garantía de libre ejercicio, contribuyendo a vertebrar nuestro territorio desde el impulso a la diversidad lingüística y en la promoción de la tolerancia y el respeto por la diversidad de los colectivos, debe prevalecer al mismo nivel de importancia que tienen los programas y acciones de gobierno. Y por eso, la excepcionalidad de Canarias, por su condición de región de ultraperiferia, ha de ser también tenida en cuenta. Estoy convencida de que en esta legislatura se solucionarán aspectos fundamentales para que los artistas de Canarias puedan desarrollar su actividad con total equidad respecto a otras regiones. Expuse por este motivo al ministro Urtasun la necesidad de solucionar los problemas de la exportación de las obras plásticas, o de las compañías de teatro que salen en gira asumiendo sobrecostes insoportables. Porque no es real que exista o deba existir una única visión, sino la de una pluralidad de realidades territoriales a las que la cultura atienda para la mejor orientación de  la acción política. Todo esto es Agenda 2030. Y a eso, fundamentalmente, es a lo que hay que dedicarse, a buscar soluciones para seguir avanzando desde la gobernanza y el valor de pluralidad territorial.