Sentido común y prudencia

CASIMIRO CURBELO

Hace algún tiempo que llevo repitiendo una y otra vez que en Canarias hay que replantear la redistribución de la riqueza, porque no termina de funcionar. Pero el paso previo para que haya justicia social es que haya riqueza que repartir, porque si no hay, no se puede repartir nada.

Me parece legítimo que se discutan y se propongan medidas para mejorar las actividades económicas de las que vive Canarias, pero es un contrasentido que el turismo se haya convertido en un enemigo a batir y que existan grupos políticos que propongan su demolición.

Canarias es un modelo de éxito en la venta de servicios turísticos y uno de los principales destinos del mundo. El año pasado se facturó una cifra récord, en torno a los veintidós mil millones de euros, confirmando la tendencia ascendente que ha seguido el sector a lo largo de los últimos años. Guste más o menos, los ciudadanos de estas islas vivimos del turismo que tira del comercio, del ocio, de la restauración, de la agricultura, de la industria o del transporte. Es el motor que hace que nuestra sociedad funcione.

Es cierto que el aumento del volumen del negocio turístico no se está trasladando como es debido a los canarios. Los salarios de los trabajadores siguen siendo bajos, y parte de los impuestos que se recaudan aquí por las grandes empresas del sector se pagan en sus sedes sociales fuera de las islas. Pero decir que la solución a nuestros problemas de pobreza consiste en detener el desarrollo turístico es un gravísimo error, porque no se le puede pedir a una empresa que por un lado disminuya sus ventas, su facturación y sus beneficios, y por el otro le suba el salario a sus trabajadores. Y los empresarios tienen que entender que la misma fórmula funciona al revés: que si aumenta la facturación y aumentan los beneficios no se puede aceptar que no suban los sueldos.

Quienes peinamos canas recordamos bastante bien cómo era la Canarias de nuestra infancia. Y créanme, era muchísimo más pobre que la de hoy. No tenía los mismos servicios públicos del Estado del Bienestar, ni la misma calidad de vida. Hay una enorme diferencia entre aquellas islas con enormes bolsas de analfabetismo y familias que sobrevivían a duras penas, y esta de hoy en día. Aquel era un país de campo y este es uno de turismo y servicios. Y no tienen comparación.

Pero claro que hay problemas. Lo que ocurre es que la solución no pasa por cargarnos nuestra principal fuente de riqueza. Cuando algunos proponen limitar el turismo y frenar el desarrollo de inversiones en el sector, lo que está proponiendo es aumentar la miseria. Porque no existe ninguna otra alternativa para generar una riqueza que equivale a casi al 38% del PIB de Canarias. Y lo que es peor, quienes se distinguen por sus críticas al impacto que el turismo causa en la sostenibilidad de Canarias nunca han prestado la menor atención ni han planteado ninguna medida contra el desmedido crecimiento poblacional que se está produciendo por la migración laboral que atraen nuestras islas: miles de personas foráneas que cada año fijan su residencia en el Archipiélago.

Como ya he dicho alguna vez, todo es discutible. Desde la imposición de una ecotasa hasta el endurecimiento de las condiciones de residencia para poner freno al asentamiento poblacional. Hay que debatir qué es lo que nos conviene y lo que necesitamos. Pero no se olviden que quienes más gritan por el impacto de la actividad turística, que es la que nos da empleo y riqueza; quienes más se oponen a las obras de nuevos puertos o nuevos hoteles, son residentes de dos grandes islas en las que la carga de población ha desbordado todas las expectativas. Y como ya he denunciado muchas veces, ese crecimiento desorbitado se ha producido no por el turismo, sino por el férreo centralismo ejercido por esas islas, sus políticos y sus grupos de presión que en la historia de Canarias han ejercido su poder para darse a sí mismos todo el poder institucional, administrativo y económico. Que no le echen la culpa a los demás —a los turistas— de lo que solo es culpa suya.

Nuestro deber es tomar decisiones a medio y largo plazo. Decisiones que necesariamente pasan por un mejor reparto de la riqueza a través de salarios y servicios públicos. Pero el turismo hoy apenas ocupa el 4% del suelo de las islas y genera una enorme riqueza. Haríamos mejor en preocuparnos por nuestra agricultura, ganadería y pesca, al borde de la extinción. O por el tejido industrial de las islas que sobrevive con enormes dificultades, O por nuestro sector exportador, que no termina de despegar. Y lo último que deberíamos hacer es politizar, en el mal sentido de la palabra política, algo tan importante como es aquello que nos permite vivir como vivimos. Tengamos sentido común y mucha prudencia porque nos jugamos mucho.