Federación de Sanidad Pública afea la inconcreción de la ley que frenará la privatización

14 de Mayo 2024/Agencias
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) ha valorado este martes el proyecto de ley con el que el Ministerio de Sanidad quiere frenar la privatización, pero ha lamentado que sea un texto «sumamente inconcreto» que difícilmente va a ver la luz esta legislatura.

En un comunicado, la Fadsp, que recientemente publicó un informe que corroboraba un avance de la privatización sanitaria en toda España, ha reiterado se trata de «un grave problema» porque aumenta «de manera exponencial» los costes de la atención, cuya calidad además empeora, y deteriora los centros públicos.

De ahí que haya aplaudido el proyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que Sanidad sacó ayer a consulta pública previa, con el que quiere limitar y facilitar a las comunidades la reversión de la gestión privada de los servicios sanitarios públicos y mejorar los procedimientos de transparencia y auditoría.

Sin embargo, la Federación critica el texto porque es «sumamente inconcreto» y elige una vía de elaboración que «tiene unos plazos excesivamente prolongados» que no garantizan que llegue al Parlamento en esta legislatura, y «mucho menos que se apruebe durante la misma».

Así, recalca que el documento debería incluir de manera expresa la derogación de la Ley de habilitación de nuevas formas de gestión del SNS de 1997 y las normativas autonómicas que se basan en ella.

También debería garantizar la gestión pública de los centros y servicios sanitarios sufragados con los presupuestos públicos y rechazar «cualquier nuevo contrato, concurso o concesión» para la gestión privada de servicios sanitarios de financiación pública.

Además, la Fadsp reclama asegurar la reversión de los centros actualmente en manos privadas a la finalización de los contratos, así como que imposibilitar la venta o transferencia de los mismos a empresas distintas de las que recibieron la concesión inicial y bloquear los conciertos con entidades privadas si no se demuestra de manera fehaciente la imposibilidad de la sanidad pública para cubrir las prestaciones.

Por último, cree que debería potenciar la dedicación exclusiva de los profesionales de la y la utilización intensiva de sus recursos, integrar la asistencia sanitaria de las Mutualidades de funcionarios en la sanidad pública, fomentar el papel de la Alta Inspección en el control del funcionamiento de los centros de gestión privada y en cualquier actividad relacionada con la mal llamada colaboración público-privada.