A juicio por acosar e injuriar a Pablo Iglesias e Irene Montero en 2020 frente a su casa
24 de Mayo 2024/Agencias
El Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid juzgará el próximo lunes al hombre acusado de acosar e injuriar al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y a la exministra de Igualdad Irene Montero durante siete meses de 2020, en las inmediaciones de su vivienda de Galapagar, y de publicar estas acciones en redes sociales.
Según han confirmado a EFE fuentes jurídicas, será a partir de las diez de la mañana del lunes cuando comience el juicio, en el que el acusado se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años de cárcel.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 28 de Collado Villalba (Madrid) decretó en septiembre de 2021 la apertura de juicio oral contra Miguel Ángel F.D., para el que la Fiscalía pide tres años de cárcel por dos delitos continuados de injurias graves con publicidad, un delito de acoso y un delito de descubrimiento de secretos, y que abone dos multas por valor total de 13.800 euros.
También solicita que no se acerque a los afectados durante dos años, según ha informado la Fiscalía.
La acusación particular ejercida por Pablo Iglesias e Irene Montero solicita en total un año y medio de cárcel, multa de 9.000 euros e indemnización de 20.000 euros por daños morales por un delito de coacciones continuadas, un delito de acoso continuado, un delito de injurias graves contra las instituciones del Estado y un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
En la querella que dio origen al proceso la exministra y el exvicepresidente del Gobierno relataban una serie de episodios ocurridos entre el 15 de mayo y el 12 de diciembre de 2020 en su domicilio, donde se sucedieron protestas a diario de las que el acusado se declaró «instigador» en su cuenta de Twitter.
La Fiscalía relata en su escrito de acusación que Miguel Ángel F.D. se dedicó durante siete meses a enfocar su malestar por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus en las figuras de esos dos políticos y de sus tres hijos de corta edad, y por eso estuvo acudiendo a las inmediaciones de su domicilio en Galapagar «donde en un principio se limitó a sumarse a las concentraciones diarias que se producían al final de la tarde por parte de algunos ciudadanos».
«Pero en pocos días incrementó su actividad, comenzando a portar un aparato de música con altavoces en el que se reproducía con el volumen alto el himno nacional y a proferir gritos dirigidos al vicepresidente segundo, denominándole ‘chepas’, ‘garrapata’, o diciendo ‘no vamos a parar hasta que os vayáis a Venezuela'», y haciendo caceroladas.
Varios días de junio llevó pancartas con leyendas como «Pablo Iglesias… hijo de terrorista» o «Irene Montero, Ministra analfabeta cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas».
El 12 de julio logró acceder a la parte trasera del inmueble, subirse a una roca y «saltando los obstáculos visuales que suponen la existencia del muro perimetral que rodea a la vivienda y su vegetación, que alcanzan los 3 metros de altura», vio parte de la vivienda «hasta que fue sorprendido por los ocupantes de la vivienda, invadiendo la intimidad de los mismos».
Ya en octubre trató de acercarse a Pablo Iglesias y a sus hijos, gritando «felicidades hijo de puta».
«Toda esta actividad del acusado impuso a don Pablo Iglesias y doña Irene Montero una alteración de su vida familiar diaria y sus actividades derivada de los ruidos constantes en horarios de descanso de niños de corta edad, así como limitación de movimientos en compañía de los menores por temor a que presenciaran o escucharan expresiones ofensivas para ellos», añade el escrito.
La Fiscalía detalla que al acusado se le tramitaron hasta julio de 2020, en meses de plena pandemia, un total de 33 denuncias administrativas por saltarse el estado de alarma, puesto que su domicilio estaba en la localidad de Brunete, y por intentar sobrepasar los límites del perímetro de seguridad que se montaba en torno al domicilio de la pareja.
También se tramitaron nueve por infringir la normativa de ruidos, y otras por no llevar mascarilla, pero a pesar de todo ello «no cesó de insistir en sus intentos de buscar la cercanía con los allí residentes y comunicarles su aversión, siendo plenamente consciente de los cargos que ostentaban y de la presencia de menores de corta edad».
Hasta que el 29 de diciembre de 2020 un juzgado de Collado Villalba acordó la medida cautelar de prohibirle que se acercara a las víctimas.
