Puerto de la Cruz, único municipio de Canarias que cumple con el censo de amianto
La Dirección General de Transición Ecológica ha remitido a la FECAM un escrito solicitando el cumplimiento de las obligaciones recogidas en la Disposición Adicional 14º que han incumplido todos los Ayuntamientos salvo el portuense que entregó la documentación el pasado mes de mayo
Puerto de la Cruz, 13 de junio de 2024.- El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, a través del Área de Ciudad Sostenible que gestiona David Hernández (ACP), culminaba el censo de instalaciones y emplazamientos con amianto tanto públicos como privados para entregarlo a las autoridades competentes, cumpliendo, así como la Disposición Adicional 14º de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Esta solicitud, enviada por la Dirección General de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias a través de la FECAM a todos los municipios del archipiélago, es en respuesta a una actuación iniciada por el Defensor del Pueblo quien pidió a la Consejería un informe del grado de cumplimiento por parte de los Ayuntamientos en esta materia y de la cual se informa de que no se ha recibido dato alguno al respecto.
El documento, remitido a los municipios el día 21 de mayo, instaba a que los distintos consistorios deberían actualizar y entregar los datos requeridos y confirmar la elaboración de los tres hitos requeridos en la Disposición Adicional 14º antes del 3 de junio de este año y remarcaba que la única localidad que había cumplido con sus obligaciones hasta la fecha era el Puerto de la Cruz.
El Área de Ciudad Sostenible del Ayuntamiento portuense elaboró este informe en el pasado mes de diciembre a través de una empresa externa aportando un documento muy completo con el que trabajar, puesto que no solo se encuentra el citado censo clasificando los inmuebles respecto a su nivel de riesgo, sino también plantea una propuesta de calendario y plazos de retirada.
Para David Hernández, “desde el Área seguimos dando pasos firmes para mejorar la calidad de vida de los y las portuenses, cuidando el medio ambiente y haciendo que nuestro municipio sea más sostenible para que sea más habitable”. “Nuestra prioridad – asegura- será siempre velar por la ciudadanía y, aunque queda camino por recorrer, seguimos con la firme convicción de mejorar nuestro entorno con actuaciones como esta permiten la retirada de materiales potencialmente nocivos para la salud”.
Cumplimiento de las obligaciones de incluidas en la Disposición Adicional 14º
En este censo encargado por la Concejalía se engloban los edificios, instalaciones y emplazamientos con amianto, tanto públicos como privados y en el que se incluyen también redes de abastecimiento y saneamiento, así como una estimación del riesgo de las mismas y se corresponde con una de las obligaciones de los consistorios recogidas en la Disposición Adicional 14º de la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La elaboración de este censo por parte de los Ayuntamientos tiene el deber de estar acompañada de un calendario que contemple la planificación de su retirada.
Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, fueron remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de la Comunidad Autónoma, tal y como señala la Ley, las cuales deberán inspeccionar estos emplazamientos para verificar el estado de los mismos. “Esta documentación –explica Hernández- permitirá a la Concejalía planificar un calendario para su retirada no sólo de los edificios de titularidad municipal, sino de los inmuebles públicos propiedad de otras administraciones y también privados, a los que hay que notificar de la existencia de asbesto para que estos tomen las medidas oportunas”.
La información que se recoge en el censo se refleja en el visor web LocAm que ha sido cedido al Ayuntamiento por la empresa de forma gratuita durante un año, a fin de que los técnicos del Área, cuenten con un potente instrumento informativo que ayudará en las tareas propias de la gestión urbanística y territorial.