NC-BC promueve la reapertura de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Telde, Arucas y Guía eliminados por Justicia

05 de Julio 2024

El canarismo de progreso presenta diversas iniciativas en el Congreso de los Diputados, el Parlamento de Canarias y las instituciones locales de las islas

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha concretado una batería de iniciativas en el Congreso de los Diputados, el Parlamento de Canarias y las instituciones locales de las islas para que el Ministerio de Justicia rectifique y reabra los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Telde, Arucas y Guía. Una representación del canarismo progresista, compuesta por concejalas de diversos ayuntamientos, diputadas y parlamentarios, representantes orgánicos y activistas de NC-BC; informaron hoy de las propuestas promovidas a nivel estatal y de Canarias y expresaron el rechazo y la repulsa a la “grave” decisión del Gobierno estatal, que supone un “ataque directo” al trabajo y la lucha en favor de la igualdad y contra de la violencia machista.

La vicepresidenta de NC-BC y presidenta del grupo parlamentario, Carmen Hernández, y la concejala de Teror, profesionalmente vinculada en el trabajo de asesoramiento y lucha contra la violencia de género, Isabel Guerra; fueron las responsables de dar voz a las iniciativas decididas por el canarismo progresista para revertir una medida “unilateral” de Madrid que supone un “claro retroceso” en la labor de protección de las víctimas mujeres, así como de las hijas e hijos.

Carmen Hernández se detuvo en las propuestas impulsadas en los tres niveles institucionales. En el Parlamento será una proposición no de ley, que votarán todos los grupos, con la que se busca dejar sin efecto la decisión de Madrid, que el ministerio redoble los esfuerzos para combatir la “pandemia” de la violencia machista, autorizar la extensión en las islas de la pionera y premiada en el Estado experiencia del juzgado número 3 de Las Palmas de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y que el Gobierno de CC y el PP restituya los fondos recortados en 2024 en esta materia.

Se perseguirá, mediante mociones en las administraciones públicas locales, que Justicia rectifique y, gracias a la colaboración de NC-BC con Compromís, se hará una pregunta en el Congreso de los Diputados que, en función de la respuesta ministerial, puede dar lugar a más iniciativas.

Isabel Guerra trasladó el “total desacuerdo” de las oficinas de información y asesoramiento a la mujer de La Aldea, especialmente afectada por la supresión del juzgado de Guía, de Gáldar y la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria que, como indicó, reclaman la reapertura de los tres órganos eliminados. Se rompe, advirtió Guerra, con el principio de proximidad que facilita a las víctimas entablar las denuncias con el consiguiente miedo e incertidumbre que conlleva una decisión de este tipo, además de una mayor sobrecarga para el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Tras observar Guerra el notable crecimiento de los discursos fascistas que niegan la violencia machista y la innegable influencia en los menores, principalmente a través de las redes sociales, Carmen Hernández indicó que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial y la memoria de 2023 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias muestran que, “lejos de suprimir, debemos aumentar” el número juzgados en Canarias.

Tampoco se justifica la decisión del Gobierno progresista del Estado, añadió la vicepresidenta de NC-BC, desde la óptica del criterio economicista porque, como señalan los sindicatos, “no va a suponer un ahorro”. Un criterio que, para el canarismo de progreso, no puede anteponerse a los avances logrados para hacer frente a esta lacra, a este problema estructural.

Carmen Hernández denunció además el incumplimiento del Real Decreto 1170/2023 sobre Demarcación y la Planta Judicial. Esta normativa, tal y como explicó, obliga a tener en cuenta la condición de los territorios fragmentados. Además, añadió la vicepresidenta de NC-BC, el Ministerio de Justicia rompe el principio de mantener una proximidad razonable del juzgado con la víctima.