El Gobierno canario exige un decreto ley «ya» para aliviar su red de acogida de menores
11 de Julio 2024
La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado (CC), ha instado al Consejo de Ministros a aprobar «ya» un decreto ley para poder derivar menores de inmediato desde las islas hacia otras comunidades, cuyos matices se podrán discutir después en el Congreso.
«Canarias necesita una respuesta ya», ha remarcado en declaraciones a los medios de comunicación Candelaria Delgado, tras participar en la Conferencia Sectorial de Infancia, al tiempo que ha señalado que la solución la tiene el Consejo de Ministros.
Una vez que ya esté aprobado por el Gobierno de España, ha recordado, el decreto ley tiene que tramitarse como una ley en el Congreso de los Diputados, donde los grupos políticos podrán llevar a cabo el debate «sosegado» que algunas comunidades han reclamado y también hacer aportaciones.
«Nosotros entendemos que las comunidades autónomas y el resto de entidades quieran hacer alegaciones a este documento», ha manifestado la consejera, quien ha opinado, no obstante, que primero hay que darle una solución a Canarias y a Ceuta con la aprobación de un decreto ley.
La consejera, visiblemente emocionada, ha indicado que esta situación es insostenible para Canarias, que necesita «ya» una respuesta por parte del Estado que «tiene potestad» para «aprobar un decreto ley como lo ha hecho en otras cuestiones».
En concreto, ha reclamado más financiación, que los recursos de acogida en otras comunidades autónomas se lleven a cabo y que el Estado ayude a Canarias con la tramitación de la documentación de todos los niños para que se puedan escolarizar en todas las comunidades autónomas.
Además, ha negado que este decreto ley invada las competencias de las comunidades autónomas, tal y como ha establecido «claramente» el estudio realizado por los servicios jurídicos de Canarias.
Ha defendido que se trataría de un decreto que va a ser referencia a criterios de reparto establecidos en una conferencia sectorial de infancia y familia, «con lo cual no se invade competencias de ningún tipo», ha zanjado.
La consejera se ha referido también a que todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña, que se ha abstenido, han votado a favor a la de la acogida voluntaria de 400 menores no acompañados, 300 de Canarias y cien de Ceuta.
En este sentido, ha valorado que «todas las comunidades autónomas, sin excepción, han mostrado la solidaridad con Canarias y han aceptado el reparto», si bien ha señalado que este plan de derivación es «un parche» y «no le sirve» a las islas.
Además, ha comentado que en la Conferencia Sectorial se ha trasladado a las diferentes comunidades autónomas la propuesta de reforma legislativa, información que se les hizo llegar ayer por lo que, ha continuado, «evidentemente» los servicios jurídicos de las comunidades autónomas no han tenido tiempo material para estudiar las posibles alegaciones.
Ha aclarado que el PP pidió una Conferencia Sectorial para informar a las comunidades autónomas sobre el cambio normativo «del que no tenían constancia», si bien es en el Congreso de los Diputados y en el Consejo de Ministros donde se tiene que tomar una decisión al respecto.
Respecto a los repartos que se han realizado, ha detallado que el del año 2022 se realizó y el del 2023 no se pudo llevar a cabo porque el acuerdo se obtuvo en octubre y el dinero llegó a las comunidades autónomas el 31 de diciembre del 2023.
Con lo cual, este año se están realizando los repartos del año 2023 y desde Canarias están en contacto con todas las comunidades autónomas tramitando la documentación.
