El Cabildo desbloquea el conflicto del Auditorio y logra que Calatrava se comprometa a entregar el proyecto de restauración en noviembre

El objetivo es que las obras de reparación no afecten la programación cultural

En el anterior mandato el PSOE no fue capaz de avanzar en la resolución del problema

29 de julio de 2024. El Cabildo de Tenerife ha desbloqueado la situación de conflicto del Auditorio de Tenerife Adán Martín y ha logrado que el arquitecto Santiago Calatrava ya esté trabajando en el proyecto de restauración, que estará concluido en noviembre de 2024. El director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, explica que “el PSOE fue incapaz de avanzar en la resolución del conflicto con Calatrava y las constructoras durante cuatro años y desde que asumimos las responsabilidades en el Cabildo hemos logrado desbloquear una situación enquistada, retomando unas negociaciones que estaban rotas y consiguiendo un paso imprescindible para iniciar las obras de ejecución, como es la redacción del preceptivo proyecto técnico».

La reactivación de las negociaciones ha sido crucial para asegurar el inicio y la continuidad de las reparaciones necesarias El presupuesto inicial de la reparación, establecido en 2018, asciende a 18,1 millones de euros, incluyendo una partida adicional de 5 millones de euros para cubrir posibles contingencias que requieran la suspensión de la actividad cultural. En cualquier caso, la intención del Cabildo es que las obras las obras de reparación no afecten la programación cultural del Auditorio, evitando así su cierre, tal y como se logró en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que permaneció abierta durante su reforma. En ese sentido, la evaluación técnica garantizará que cualquier decisión tomada sea la más adecuada para la seguridad y operatividad del edificio.

El conflicto del Auditorio de Tenerife Adán Martín se remonta a varios años después de la terminación de las obras, cuando se detectaron desperfectos en el revestimiento del edificio, conocido como trencadis, característico de las obras de Calatrava. En 2016, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, encargó a la empresa Intemac un informe para evaluar el estado del edificio. El peritaje concluyó que los fallos en el revestimiento se debían principalmente a una defectuosa adherencia a las superficies y otros factores coadyuvantes como “la rigidez del mortero de rejuntado y las solicitaciones a las que el edificio estaba sometido”.

A raíz de este informe, en 2018 se ordenó la reparación de los daños y se atribuyó la responsabilidad de los vicios detectados a todos los agentes intervinientes en el proceso constructivo, incluyendo al arquitecto Santiago Calatrava y a la UTE formada por Acciona Construcción, Dragados y Promotora Punta Larga. El presupuesto de la reparación se tasó en ese momento en 18.165.492,63 euros.

En julio de 2019, representantes de las partes se reunieron ante el Magistrado que llevaba el proceso, que instó a las partes a encontrar una solución extrajudicial similar a la que se logró con el Auditorio de Valencia. Todas las partes acordaron iniciar negociaciones y solicitaron la suspensión del proceso, que fue acordada por el Magistrado. Sin embargo, “el inicio de las negociaciones coincidió con la entrada del gobierno socialista al Cabildo, que durante más de tres años no logró avanzar hasta el punto de necesitar la ejecución forzosa del acuerdo en 2022”, apunta el director insular de Hacienda.

Añade, además que “en mayo de 2023, en plena campaña electoral, Calatrava se dirigió al Cabildo para manifestar su predisposición a redactar el proyecto, solicitando un nuevo plazo. Finalmente, el 27 de septiembre de 2023, con el nuevo equipo de gobierno, se acordó la redacción del proyecto con un nuevo plazo hasta noviembre de 2024”. Pérez Frías señala que esta es la solución más conveniente para el interés público y la agilización de los trabajos de reparación: «No podemos olvidar que el arquitecto ostenta derechos de autor sobre la obra y es jurídicamente fundamental su participación en el proyecto. Además, concederle la prórroga evita la necesidad de una licitación pública, que habría retrasado aún más el arreglo del Auditorio».