Franquis: “Le pido al Gobierno que deje de utilizar la maquinaria del bulo, llegue a acuerdos con el resto de comunidades autónomas, haga política útil y piense en Canarias y los menores migrantes”

· El Pleno del Parlamento de Canarias rechaza una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista para promover convenios de solidaridad y cooperación entre Canarias y las comunidades autónomas para garantizar el traslado de estos niños, niñas y adolescentes en tanto en cuanto no se modifique el marco competencial previsto en la Ley de Extranjería

· El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, reprocha al Partido Popular (PP) que hayan solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso de los Diputados para hablar de inmigración y que, sin embargo, no hayan mencionado a Canarias “ni un minuto”

Canarias 10 de octubre de 2024.- El Pleno de la Cámara regional ha rechazado una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista para garantizar el traslado de menores migrantes no acompañados acogidos en Canarias a otras comunidades autónomas mientras se modifica la Ley de Extranjería, a través de distintos convenios de cooperación y solidaridad.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, recalcó la importancia de llegar a un acuerdo para la modificación de la Ley de Extranjería y dar solución a la acogida de estos menores migrantes, y pidió al Gobierno de Canarias que “deje de utilizar la maquinaria del bulo”, utilice su capacidad para llegar a acuerdos con el resto de las comunidades autónomas y plantee las dificultades que tiene el Archipiélago en esta crisis migratoria.

“Hagan política útil, piensen en Canarias y en los menores migrantes que llegan a las islas y asuman su responsabilidad”, añadió.

En este sentido, reprochó a los populares que hayan solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso de los Diputados para hablar de inmigración y que, sin embargo, no hayan hablado de Canarias “ni un minuto”.

La propuesta, defendida por Franquis, pretende promover convenios de solidaridad y cooperación entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el resto de las comunidades autónomas para el traslado niños, niñas y adolescentes no acompañados acogidos en Canarias, en tanto en cuanto no se modifique el marco competencial previsto en la Ley de Extranjería.

La iniciativa incluye que se inste al Gobierno de España a actualizar “si fuera necesario” en la Conferencia Sectorial e Infancia y Adolescencia, los gastos derivados de las actuaciones destinadas a la atención inmediata y la acogida de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados (NNMA) trasladados, así como todas las actuaciones de información, orientación y apoyo psicosocial, incluida su escolarización, la inserción socio laboral y la inclusión social, bien en acogimiento residencial o en acogimiento familiar.

Desde el Grupo Socialista alertan que el incremento de la llegada de niños, niñas y adolescentes migrantes sin referente familiar que son acogidos por las entidades públicas de Protección a la Infancia de la Comunidad Autónoma, está produciendo un desbordamiento de la capacidad de acogida y atención a la infancia en situación de vulnerabilidad, multiplicando las dificultades para que el sistema de protección a la infancia pueda ofrecer una respuesta adecuada y coordinada basada en el interés superior de las personas menores de edad.

En este sentido, recuerdan que, para dar respuesta a las diferentes contingencias migratorias que se produzcan, se aprobó el modelo de gestión de contingencias migratorias por acuerdo de la Conferencia Sectorial de la Infancia y la Adolescencia que prevé la activación de un Plan de Respuesta ante contingencias migratorias, que determine las necesidades de traslados entre Comunidades Autónomas.

En concreto, el protocolo tiene por objeto coordinar las actuaciones de las administraciones con competencia en protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados afectados por la contingencia migratoria que sean trasladados desde el territorio de una comunidad o ciudad autónoma a otra, de acuerdo con el Plan de Respuesta aprobado por Acuerdo de la Conferencia Sectorial de la Infancia y la Adolescencia.

Para tal finalidad, el acuerdo incluye que ambas administraciones se comprometen mutuamente a llevar a cabo todas las actuaciones administrativas y, en su caso, ante los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal, para la asunción por parte de la Comunidad Autónoma de destino, como entidad pública competente en protección de menores, la tutela de dichos niños, niñas y adolescentes.

El circuito de atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados está regulado íntegramente por la legislación en materia de extranjería, en particular, por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, y por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, así como por la Resolución de 13 de octubre de 2014, por la que se publica el acuerdo por la aprobación del Protocolo marco sobre determinadas actuaciones en referencia a los menores extranjeros no acompañados.

Para la ejecución eficaz de las actuaciones recogidas en el protocolo y su posterior seguimiento, se determinó la constitución de una Comisión de Seguimiento conformada por las dos entidades públicas de Protección de la Infancias intervinientes en el traslado.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su Artículo 140, un conjunto de principios que han de regir las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas, como establecer el deber de colaboración entendido como el deber de actuar con el resto de las Administraciones Públicas para el logro de fines comunes, eficiencia en la gestión de los recursos públicos, garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus relaciones con las diferentes Administraciones y solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución.

“Tal y como han advertido los y las responsables del Gobierno de Canarias, las islas se encuentran en una situación de desbordamiento de la capacidad de acogida y de atención a la infancia en situación de vulnerabilidad, y existen múltiples dificultades que el sistema de protección a la infancia está teniendo para dar una respuesta adecuada y coordinada basada en el interés superior de las personas menores de edad”, añaden.