La condena de Zaplana endurece el tono de los reproches entre PP y PSOE por la corrupción

17 de Octubre 2024/Agencias
La condena judicial al exministro y expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana ha endurecido este miércoles el tono de los reproches políticos entre el PP y PSOE, que tanto en Les Corts Valencianes como en el Congreso de los Diputados se han cruzado acusaciones a cuenta de la corrupción.

Un día después de conocerse la sentencia de la Audiencia de Valencia que condena a Zaplana a diez años de prisión en el caso Erial por amañar adjudicaciones públicas y recibir sobornos de empresarios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha situado a Zaplana en la Z del «abecedario» de la corrupción del PP, y desde este partido su líder, Alberto Núñez Feijóo, le ha vaticinado una «agonía judicial».

Cruce de acusaciones en el Congreso
Sánchez ha defendido que tanto el Gobierno como el PSOE responden «con contundencia» a los casos de corrupción que les afectan y ha recordado que «no todos los partidos son iguales», porque «en el PSOE quien la hace la paga» y en el PP «cuando se denuncia un caso de corrupción, se tapa».

En su cara a cara con el líder la oposición, Sánchez le ha conminado a «taparse un poco» porque, ha dicho, «de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario».

Y los ministros han salido al unísono a defender a Sánchez enumerando, en su intervenciones, una lista de «38 casos de corrupción» del PP que aún están «pendientes» de resolución judicial, mientras el titular de Justicia, Félix Bolaños, ha recitado varios: «Gürtel, Púnica, Lezo, Palma Arena, Fitur, Tándem, Erial, Guarderías, Mercamadrid, Arroyomolinos…».

Críticas y peticiones de documentación
Además, el PSPV-PSOE ha pedido en Les Corts que el gobierno autonómico entregue la documentación sobre la privatización de las ITV desde 1996 hasta 2014 y los procesos de adjudicación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, y que se amplíe la actual comisión de investigación del sector público a la etapa de Zaplana.

La «lacra de la corrupción que mancha directamente al centro del PP tiene ya 184 condenas por corrupción, lo que demuestra que esa es su forma de entender la política», ha aseverado el portavoz socialista, José Muñoz, quien ha afirmado que el actual president, Carlos Mazón, tiene que dar «muchas explicaciones».

El portavoz del PP en la comisión de investigación del sector público de Les Corts, Fernando Pastor, ha acusado de «cinismo, hipocresía y melancolía» al PSPV, al que ha reprochado que intente «revivir» asuntos de «hace más de 25 años», cuando en estos momentos hay otros que afectan «de pleno» a los socialistas.

«Lo que importa de verdad a los valencianos es lo que está ocurriendo en el presente», en que la situación del socialista valenciano José Luis Ábalos «pone en jaque» al PSPV y al Gobierno de Pedro Sánchez, ha asegurado Pastor, o saber por qué Ximo Puig y Mónica Oltra «crearon el Gobierno más caro de la historia», en alusión al del Botànic.

El horizonte judicial de Zaplana
En el ámbito jurídico, la defensa de Zaplana únicamente dispone de la vía del recurso de casación al Supremo, pues al haberse incoado las primeras diligencias antes de la reforma de la Lecrim de octubre de 2015 no le será posible acudir al Tribunal Superior de Justicia valenciano como instancia intermedia.

La fecha en la que se ordenó el registro del despacho del primer abogado de Marcos Benavent, el autodenominado ‘yonqui del dinero’, fue en mayo de 2015, como recuerda la sentencia del caso Erial. Ese registro se hizo por funcionarios de la UCO el 1 de julio de ese mismo año y en noviembre se acordó el reparto a otro juzgado de la documentación que se halló de forma casual y que permitió el procesamiento de Zaplana.

El recurso de casación del exministro al Supremo deberá alegar la infracción de una norma o precepto legal, irregularidades en el proceso o en la sentencia, tales como contradicciones, incongruencias o inexactitudes en los hechos probados, entre otros.

Este recurso se debe anunciar en los cinco días posteriores a la emisión de la sentencia y en un plazo de quince se debe formalizar ante el Supremo.

La ejecución de sentencia únicamente se puede solicitar o se incoa por el tribunal cuando la sentencia es firme, si bien la Fiscalía Anticorrupción podría solicitar el ingreso en prisión preventiva de los acusados ante la gravedad de la sentencia y la previsión de que futuros recursos dilaten en exceso el cumplimiento.