El PP no logrará que el Congreso exija el cese del fiscal general del Estado
30 de Octubre 2024/Agencias
El PP no va a conseguir que el Congreso repruebe al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su imputación por el Supremo si, como han manifestado este martes, los socios del Ejecutivo rechazan en la votación de mañana miércoles la iniciativa presentada por los populares.
Un proposición no de ley defendida por la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo con el fin de instar al Gobierno a cesar al fiscal general «por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones» en lo que la parlamentaria ha considerado una «persecución» a una adversaria política, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La iniciativa del PP se compaginaba contra otra moción que debía debatirse en el Senado -donde los populares gozan de mayoría absoluta-, pero en ese caso ha sido retirada del orden del día.
Todo ello, tras la decisión del Supremo de abrir causa contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos sobre los correos en el que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, ofrecía un pacto a la Fiscalía en el que se declaraba culpable de dos delitos fiscales por defraudar más de 350.000 euros.
«¿Vale todo para destruir a una rival política?», ha preguntado Álvarez de Toledo, quien ha advertido de que si finalmente el fiscal es condenado «mancharía indeleblemente» no solo al Gobierno, sino también a los grupos que no apoyen la petición de su cese.
Los populares han recibido el respaldo de Vox, pero el rechazo y la crítica de los partidos del Ejecutivo y de sus socios, incluido Podemos, cuya diputada Noemí Santana ha recordado el uso de la denominada policía política del PP para espiar a su partido, un asunto por el que esta semana han declarado como imputados en la Audiencia Nacional los responsables de la cúpula policial del Gobierno de Mariano Rajoy.
También ha avanzado su no el PNV, cuyo diputado Mikel Legarda ha centrado su crítica en el auto del Supremo, dictado por la Sala de lo Penal, sabiendo que este caso quedará «en nada» y se ha preguntado la razón de que el tribunal «señale» a García Ortiz.
«Salvo que la finalidad sea llevarse al fiscal general, como estos días he oído, p’alante», ha concluido.
Junts, por boca de Josep Pagès, ha enmarcado este caso directamente en las prácticas de lawfare -el uso de los procedimientos judiciales para perseguir o dañar al rival político-, y lo ha comparado con las causas del procés.
El diputado socialista Francisco Aranda ha planteado que el problema es que el PP considera que este país es «su cortijo» y que el poder «le pertenece por derecho» y, tras recordar casos similares desde la dimisión y posterior absolución de Demetrio Madrid en la Junta de Castilla y León en los 90, ha preferido no poner nombre a esa estrategia, pero ha reconocido que es el que «tienen todos en mente».
