CC y PP impedirán que se tramite y vote la Ley de impuesto a las estancias turísticas presentada por NC-bc
01 de diciembre 2024
El Gobierno de Canarias de CC y PP no acepta ninguna de las exigencias ciudadanas dirigidas a modificar nuestro modelo turístico. Ni moratoria ni adecuado control del alquiler vacacional. Ni tampoco tasa turística: impedirá que pueda ser tramitada en su integridad, enmendada y votada en el Pleno del Parlamento canario la proposición de ley de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) para crear y regular el impuesto sobre estancias turísticas. Una propuesta que responde a un posicionamiento muy extendido en la sociedad canaria y que coincide con figuras similares que funcionan en destinos turísticos de todo el mundo. El Gobierno se limita a contar turistas y apuesta por un modelo insostenible que lleva a más población y más problemas de acceso a la vivienda, de movilidad, hídricos o de tratamiento de aguas y de residuos sólidos.
La proposición de ley de NC-bc para la creación del impuesto a las estancias turísticas en Canarias tiene un carácter finalista. En la misma se recoge la creación de un fondo para fomentar el turismo sostenible y la mejora del medio ambiente. Destinado a mejorar las infraestructuras públicas en las zonas turísticas, así como a acciones encaminadas a la descarbonización, la digitalización del sector y la protección y preservación de los espacios naturales. Igualmente se dirige a la reforestación, el fomento del consumo de productos agropecuarios y marinos locales, la rehabilitación del patrimonio histórico y cultural y el impulso a la investigación científica e innovación tecnológica.
El impuesto turístico recaudaría en 2025 unos 250 millones de euros, lo que permitiría superar la regla de gasto y tener más recursos en los Presupuestos del próximo año. Es un tributo que grava a las estancias en establecimientos turísticos alojativos (incluyendo viviendas vacacionales) y en los cruceros que pernocten en Canarias; oscilando la tarifa a abonar entre los 4 euros por noche de los hoteles de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo a los 2 euros de hoteles y casa rurales. Quedan exentos los residentes canarios y, entre otros colectivos de visitantes, los menores de 16 años, las estancias subvencionadas por programas sociales o para participar en competiciones deportivas juveniles e infantiles, así como eventos científicos de nuestras universidades públicas.
Con este impuesto a las pernoctaciones turísticas se persigue contribuir a hacer de Canarias un destino más competitivo y sostenible, desde el convencimiento de que el turismo seguirá siendo eje de nuestra economía y nuestro empleo. Pero conscientes de que debe transformarse para ser sostenible no solo en el ámbito económico, sino también en el ambiental y social. Impuestos similares funcionan en numerosos destinos turísticos. En Europa se aplica ya en más de 135 ciudades, entre ellas Ámsterdam, Lisboa, Roma, París o Berlín. Existe también en el Caribe, así como en Marruecos o Cabo Verde. En el caso del Estado español, en Cataluña -aprobada por un Gobierno de CiU en el año 2012, gracias a la abstención del PP en el Parlament-; y Baleares, impulsada por un Ejecutivo del PSOE en 2016, pero que el PP mantuvo al llegar al gobierno balear tras las elecciones de mayo de 2023.
Residentes no lo pagarían
Entre las razones del Gobierno para impedir que se tramite nuestra proposición de ley se encuentra el hecho de que ella establece que el impuesto turístico no afecte a los residentes canarios, lo que entiende que vulnera la legalidad vigente. Se erigen así en Tribunal Constitucional los mismos que plantearon en campaña electoral establecer una tasa a las personas que vengan a vivir a Canarias o que defienden (en eso coincidimos) limitar la venta de viviendas a extranjeros no arraigados en las Islas.
Se trata de un pretexto más del Gobierno canario. Hay fórmulas para evitar que la medida afecte a quienes viven en las Islas. Al respecto, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, anunció recientemente su propósito de establecer una deducción fiscal para devolver el coste de la tasa turística a los residentes en Baleares. Destacando, además, que no solo mantendrá la tasa turística heredada de los socialistas, sino que propondrá a la Mesa por el Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de Baleares su incremento en la temporada alta.
Para alcanzar un turismo sostenible económica, medioambiental y socialmente se precisa la adopción de un conjunto de medidas desde el máximo nivel de acuerdo. Implantar una ecotasa es una de las decisiones que proponemos para mejorar el destino. Planteamos, además, una moratoria insularizada -incluyendo la desclasificación de camas que se encuentran aprobadas y no hayan cumplido sus deberes urbanísticos-, la moratoria del alquiler vacacional y su regulación diferenciando entre pequeños y grandes tenedores, la rehabilitación de las ciudades turísticas y la modernización y renovación de la planta alojativa, la mayor formación de sus trabajadores y trabajadoras y la imprescindible mejora de sus condiciones laborales y salariales
