NC denuncia que el Gobierno impone por la puerta de atrás un modelo ajeno a las necesidades de las personas dependientes
Santana critica los nuevos cambios en Bienestar Social, decididos al margen de los colegios profesionales, el Tercer Sector, sindicatos, ayuntamientos y cabildos
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) denunció hoy que el Gobierno de las dos derechas canarias va a imponer, por la puerta de atrás, un modelo de servicios de dependencia y discapacidad ajeno a las necesidades de las personas más vulnerables y que pone en peligro de los derechos de este sector de la población. La portavoz parlamentaria en la materia, Natalia Santana, criticó los nuevos cambios en el área de Bienestar Social, decididos al margen de los colegios profesionales, el Tercer Sector, los sindicatos, los ayuntamientos y los cabildos. Cuestionó además la legalidad del procedimiento, es decir, el uso de una enmienda parcial al proyecto de ley de los presupuestos para 2025 que carece de conexión directa e inmediata con los gastos y los ingresos.
La modificación del decreto 57/2023, de 27 de abril, por el que se aprueba el Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales que determina los requisitos y condiciones de acceso a los mismos, incluida en la ley de los presupuestos para 2025 a través de una enmienda de CC y el PP, según NC-BC, afecta “directamente” a los derechos subjetivos de los beneficiarios a cubrir sus necesidades básicas.
Una denuncia que Natalia Santana basa en que, con la propuesta de las dos derechas canarias, son los ayuntamientos lo que elegirán el tipo de prestaciones que reciben las personas dependientes y “no éstos” sustentados en un informe de valoración.
Avisó que se sustituye todo un catálogo de actuaciones materiales y directas sobre los usuarios y usuarias del servicio de ayuda a domicilio que han pasado por un procedimiento administrativo de reconocimiento de derechos personales. La opción de CC y el PP es, añadió Natalia Santana, un “sustitutivo” económico que “desvirtúa todas las prestaciones a las que tienen derecho” las personas afectadas. “Se cambian prestaciones materiales y directas de asistencia por prestaciones económicas”, rechazó.
Para Santana, los grupos que apoyan al Gobierno parece que abren la puerta a una privatización de servicios fundamentales, lo que supone una amenaza al sistema público de bienestar de Canarias. Entre otras razones también por proceder “al margen” de los cabildos, los ayuntamientos, los colegios de trabajadores sociales y las asociaciones del Tercer Sector implicadas en la prestación de los servicios y los sindicatos.
“Ponen en jaque” los servicios reconocidos a las personas dependientes y con discapacidad con esta reforma del Catálogo de Prestaciones Sociales y además emplean una vía “presumiblemente inconstitucional”, censuró Santana. Se refirió a la inclusión de enmiendas parciales al proyecto de ley de los presupuestos de 2025 que carecen de una conexión directa e inmediata con los ingresos y los gastos.
Además de que pueden chocar con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice que las regulaciones “sustantivas no pueden recogerse” en una ley presupuestaria y tampoco las que inciden en la relación entre las administraciones y los administrados, aseguró la diputada de Nueva Canarias-BC.
