Cuando el Estado violenta a las mujeres: OVIM, un canal contra la violencia institucional

05 de diciembre 2024/Agencias
El Estado también puede perpetrar violencia contra las mujeres: es la denominada violencia machista institucional, realidad ya reconocida por algunas comunidades autónomas como Cataluña y Castilla-La Mancha, pero aún muy silenciada. Un Observatorio quiere servir de canal de denuncia anónima para visibilizar esta realidad y ayudar a cambiarla.

El Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM), presentado este miércoles en Madrid, es una herramienta impulsada por una veintena de organizaciones feministas para documentar casos de esta violencia en España, denunciarla y hacer incidencia política para que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para erradicarla.

La iniciativa surgió de la experiencia de dos entidades de la sociedad civil (Almena Feminista y Asociació Hèlia) en el acompañamiento que hacían a víctimas de violencias machistas, cuando se empezaron a dar cuenta de la «estructuralidad» de las violencias institucionales machistas: mal trato en el juzgado, falta de credibilidad, negación de acompañamiento…

A partir de ahí, estas dos asociaciones decidieron crear una red con otras entidades para analizar estas violencias. Una veintena de colectivos sustentan el OVIM, entre ellos la Fundación Aspacia, AIETI y Colectiva 1600.

En rueda de prensa, Marina Oliva (de la Asociació Hèlia) ha señalado que el Observatorio se ha creado para recopilar datos, analizar la realidad «continua y recurrente» y a partir del rigor del análisis hacer incidencia política, proponer soluciones y promover una cultura de «rendición de cuentas y no más revictimizaciones por parte de las instituciones».

El OVIM ha establecido un canal de denuncia anónima en su página web para que tanto las víctimas como su entorno puedan compartir sus casos, pero también ha articulado otro canal para que entidades y profesionales los denuncien, estos con registro previo.

Desde marzo, cuando se puso en marcha, se han recibido 120 denuncias: el 53 % de víctimas, el 33 % de organizaciones y el 14 % del entorno. Un 52,9 % documentaban casos relativos al sistema judicial, el 16 % al sanitario y el 14 % a la seguridad.

La jurista experta en género Tania Sordo ha explicado que los estados pueden ejercer violencia machista contra las mujeres a través de sus agentes y políticas públicas. Esta violencia puede ser por acción o por omisión y se da cuando un estado no hace todo lo posible por que las víctimas accedan a sus derechos, por garantizar la diligencia debida.

Retirar la custodia de un hijo a una madre que sufre violencia de género, revictimizar a una víctima durante un juicio, dictar sentencias en las que subyacen mitos y esterotipos machistas, no permitir a una víctima migrante acceder al permiso de residencia al que tiene derecho o no dar credibilidad a una víctima de violencia sexual porque tiene discapacidad intelectual son algunos ejemplos de esta violencia.

La directora de la Fundación Aspacia, Virginia Gil, ha destacado que las asociaciones que acompañan a las víctimas durante sus procesos constatan que «no son cuestiones puntuales, sino sistemáticas».

Por su parte, la profesora de Antropología Social de la Universidad Autonónoma de Madrid Marta Cabeza ha destacado que los estados no son un «castillo inexpugnable», sino que tienen «maleabilidad y apertura al cambio a pesar de la enorme inercia patriarcal».

Esta investigadora, coautora del libro ‘Cuando el estado es violento’, ha destacado que la violencia institucional no solo es invisible, sino que necesita ser silenciada para sostenerse, que nadie la cuente.

Y para combatir este silenciamiento se ha impulsado precisamente el OVIM.