El PSOE denuncia la “intencionalidad política” del informe Covid de la Audiencia de Cuentas de Canarias
● El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Hernández, denuncia en la comisión parlamentaria de Relaciones con la Audiencia de Cuentas de Canarias la “ausencia de rigor técnico” del informe aprobado sin unanimidad por su pleno sobre la gestión de los contratos sanitarios durante la pandemia
● El Grupo Socialista critica que este informe no incluye la excepcionalidad de la contratación de emergencia durante ese periodo ni el contexto sanitario en el que se produjo
Canarias, 10 de diciembre de 2024.- El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Hernández, ha denunciado este lunes [9] en la comisión parlamentaria de Relaciones con la Audiencia de Cuentas de canarias la “intencionalidad política” del informe Covid sobre los contratos sanitarios durante la pandemia gestionados por el anterior gobierno del Pacto de las Flores.
Hernández se refirió a este informe aprobado el pasado noviembre por la Audiencia de Cuentas de Canarias, y aseguró que el prestigio de dicha institución “queda en entredicho”, porque el informe no está aprobado por unanimidad, cuestión que siempre ha caraterizado a este órgano de control, y cuenta con un voto particular de dos consejeros auditores fundado en las normas de auditoría del sector público.
En este sentido, el diputado socialista afirmó que dicho informe “adolece de graves deficiencias, está absolutamente descontextualizado, no recoge hechos relevantes acaecidos durante los últimos meses, y pone en riesgo la reputación y la imparcialidad de la institución”.
Además, lamentó que se eleve a informe definitivo un proyecto de informe de la pasada legislatura cuando ya no están los mismos consejeros auditores, y se preguntó cuál es el motivo de ese “empecinamiento” en mantener el proyecto de informe cuando ha habido hechos posteriores relevantes.
Hernández puntualizó que el único consejero que continúa en el organismo es su presidente, al ser nuevos el resto de los consejeros nombrados en la Audiencia de Cuentas, presentando el mismo informe que firmó en su momento sin obtener los votos favorables necesarios para su aprobación en julio de 2022.
Por este motivo, denunció que existe una “intencionalidad política” en sacar adelante este informe, que tiene olvidos “flagrantes” como el archivo de la investigación del Tribunal de Cuentas, así como la excepcionalidad del contexto sanitario del momento de la pandemia.
En concreto, recordó que se ha negado a incluir en este informe, como han hecho los órganos de control externo de otras comunidades autónomas, que no se aplicaban en situación de emergencia las limitaciones relativas a la solicitud de autorización del Consejo de Gobierno para contratar, ni los requisitos de capacidad y solvencia del empresario, ni tampoco que existiera la libre concurrencia en la contratación.
En este sentido, incidió en que el informe no recoge las consideraciones del Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Madrid, la Sindicatura de Cuentas de Valencia, la Cámara de Cuentas de Navarra y la Sindicatura de Cuentas de Cataluña en informes similares realizados sobre la gestión pública derivada de la crisis del Covid-19, lo que confirma intereses ajenos al interés general a la hora de aprobar este informe.
