La inmigración de MENA en Canarias es un desafío que requiere soluciones efectivas

Por Bruno Perera.

La inmigración de MENA en Canarias es un desafío que requiere soluciones efectivas

La situación de los Menores No Acompañados (MENA) en Canarias es un tema candente que ha generado un intenso debate en la sociedad y en las instituciones políticas. Con cerca de 6.000 MENA en las islas, de los cuales argumenta el presidente del Gobierno canario que 4.000 deberían ser distribuidos entre las otras 16 comunidades autónomas, surgen preguntas sobre la efectividad de estas medidas y las implicaciones que podrían tener en el futuro de Canarias.

Uno de los puntos más destacados por el presidente del Gobierno canario es que el reparto de los MENA no solo es necesario, sino urgente. Sin embargo, un análisis rápido muestra que, si se distribuyeran los 6.000 MENA entre las 17 autonomías, a cada una le corresponderían aproximadamente 353 menores. Este número, aunque significativo, no aborda las raíces del problema, que radica en el flujo constante de llegadas a las islas.

Algunos críticos han señalado que este tipo de reparto podría abrir la puerta a un aumento en la llegada de MENA, ya que las mafias que operan en África podrían interpretar el movimiento de estos menores como una oportunidad para enviar más MENA a Canarias. En este sentido, se argumenta que la solución no debe centrarse únicamente en el reparto, sino en medidas más drásticas, como el cierre de albergues y la repatriación de los menores a sus países de origen.

Es crucial considerar que la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que España es signataria, establece la obligación de proteger a los menores vulnerables. No obstante, esta protección no debe extenderse a aquellos que llegan a España a través de redes de tráfico humano. La intervención de las mafias en este proceso plantea un dilema ético y práctico sobre la responsabilidad de los países receptores.

Además, el costo de mantener a un MENA en un centro de acogida oscila entre 100 y 125 euros por día, una cifra que ha generado preocupación en una comunidad que ya enfrenta desafíos significativos en términos de recursos y atención a sus propios ciudadanos. La percepción de que los recursos destinados a los MENA podrían ser utilizados para ayudar a los canarios en situación de vulnerabilidad ha intensificado el debate en torno a la inmigración y la justicia social.

Como solución, se ha propuesto un enfoque más riguroso en el control de fronteras, apoyado por agencias como Frontex, así como un proceso de deportación para los migrantes que no cumplan con los criterios de asilo. Estos pasos, se argumenta, son esenciales para proteger el sistema turístico de Canarias, que es vital para la economía local, y para garantizar que el flujo migratorio no se convierta en una carga insostenible.

En conclusión, la situación de los MENA en Canarias es un desafío complejo que requiere un enfoque multifacético. Si bien el reparto entre comunidades autónomas puede ser una parte de la solución, no aborda las causas profundas del problema. La repatriación, el control de fronteras y un enfoque más riguroso en la gestión de la inmigración son medidas que deben ser consideradas para asegurar el bienestar de todos los residentes de Canarias y proteger su futuro. La inmigración es un tema sensible que debe ser tratado con responsabilidad, garantizando siempre la protección de los derechos de todos los involucrados, pero sin actuar como una Madre Teresa, y sin manipulación ni oenegés vendepatrias de por medio, sino con la verdad y protegiendo ante todo a Canarias y sus ciudadanos.