INVESTIGADORES DE LA ULL PUBLICAN UN LIBRO SOBRE LOS DERECHOS SOCIALES EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CANARIAS
El proyecto de investigación de la Universidad de La Laguna denominado ‘Vulnerabilidad, precariedad y brechas sociales. ¿Hacia una redefinición de los derechos fundamentales?’, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y dirigido por Vicente Navarro Marchante y María José Guerra Palmero, ha publicado en la editorial Tirant lo Blanch la obra colectiva «Los derechos sociales en el Estatuto de Autonomía de Canarias», financiado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias. La dirección del libro ha corrido a cargo de Vicente Navarro Marchante, con la coordinación de Daniel López Rubio y Sergio Siverio Luis.
El libro, editado en Open Access, surge de la iniciativa de la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, y tiene el ánimo declarado de servir como estudio general y exhaustivo de los derechos estatutarios en la Comunidad Autónoma canaria. La obra, en la que colaboran autores con perfiles diversos –profesorado universitario, letradas y letrados parlamentarios, funcionariado técnico autonómico, etc.- parte de varias reflexiones generales sobre la naturaleza y eficacia de los derechos estatutarios y aporta a continuación estudios concretos sobre cada derecho que profundizan en su operativa, desarrollo y aplicación.
La nueva obra colectiva arranca con una primera parte dedicada a algunas cuestiones de base para el correcto estudio de los derechos estatutarios. Así, se aporta un estudio general sobre estos derechos, analizando su naturaleza, titulares, garantías y exigibilidad; se recuerda y explica con detenimiento que los derechos que el ordenamiento interno reconoce a la ciudadanía deben ser enmarcados en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, así como en el Derecho de la Unión Europea; y se analiza uno de los presupuestos esenciales que rodean a cualquier derecho de prestación: su financiación. Así, la obra reflexiona sobre el Régimen Económico y Fiscal de Canarias como instrumento que permite promocionar y desarrollar los derechos del Estatuto de Autonomía.
La segunda parte del trabajo realiza un estudio pormenorizado de cada uno de los derechos reconocidos en el Estatuto canario. Esta disección viene presentada a las personas lectoras en nueve subapartados que estructuran los derechos en función de temáticas comunes: El apartado A se dedica a derechos de los que goza la ciudadanía canaria en sus relaciones con los poderes públicos canarios, y el B trata diferentes aspectos de la igualdad a los que el Estatuto de Autonomía canario presta especial atención.
El bloque C introduce cuatro trabajos relacionados con la salud de la ciudadanía, mientras que en el epígrafe D agrupa cuatro capítulos que guardan relación con la educación, la cultura y la memoria democrática, dada su evidente conexión común. En el siguiente, el volumen trabaja aquellos derechos relacionados con la atención a la discapacidad, la dependencia y los servicios sociales, introduciendo también reflexiones sobre la renta mínima.
El bloque F se dedica íntegramente, dada su importancia en la actualidad, a la cuestión de la vivienda, y el G busca explorar los derechos que protegen a la ciudadanía canaria en su relación con las empresas, y ello desde su doble condición de personas trabajadoras y consumidoras. El H pretende trazar una reflexión sobre dos cuestiones íntimamente vinculadas: el medio ambiente y la protección de los animales. El último apartado incluye dos trabajos relacionados con el derecho a las nuevas tecnologías y con la protección de datos personales de la ciudadanía, tan importante en nuestro uso de aquellas.
La dirección de la obra busca, con esta distribución, brindar al lector una visión exhaustiva de los derechos estatutarios en Canarias. Así, la intención es la de ofrecer a las personas interesadas los elementos jurídicos necesarios para la comprensión de todos y cada uno de los derechos contenidos en el Estatuto de Autonomía, teniendo en cuenta sus elementos configuradores, desarrollo normativo, referencias de derecho autonómico comparado, jurisprudencia relevante del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y, en su caso, Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
