Excarcelado el primer preso de ETA al que se le aplica la nueva ley de cómputo de penas
08 de marzo 2025/Agencias
El preso de ETA Balbino Saenz Olarra ha quedado este viernes en libertad después de que la Audiencia Nacional haya aceptado su recurso y haya aplicado la ley sobre intercambio de antecedentes penales, aprobada en octubre, que acabó con el doble cómputo de condenas cumplidas en el extranjero.
La Audiencia Nacional ha estimado el recurso del preso y le ha descontado la pena de prisión que cumplió en Francia tras su detención en 2002, por lo que ha extinguido su condena, que, con la reglamentación anterior, habría acabado en 2029, han informado los colectivos de apoyo a los reclusos de ETA Sare y Etxerat.
El recluso se encontraba en tercer grado penitenciario y ya no tendrá que volver a la prisión donostiarra de Martutene, en la que cumplía su condena.
Esta ley es la transposición de una directiva europea y fue aprobada con los votos de todos los partidos, aunque contenía una enmienda, introducida por Sumar, que suprimía un artículo y la disposición adicional que impedía, hasta ahora, que los miembros de ETA condenados pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.
La aprobación de la ley causó una importante polémica política, a pesar de que había recibido los votos de todos los partidos, aunque el PP no reparó en que la enmienda eliminaba la excepción que afectaba a los presos de ETA.
A partir de la entrada en vigor de la ley, los reclusos de ETA, como el resto de presos, pueden descontar del límite máximo de cumplimiento de sus condenas los años de cárcel cumplidos en Francia.
Así lo ha hecho Balbino Saenz Olarra, que fue miembro del ‘comando Madrid’ y que, tras ser detenido en Francia en diciembre de 2002, fue condenado a 10 años de cárcel en el país galo.
Una vez cumplida la pena en Francia, fue entregado a España para ser juzgado por delitos terroristas.
El etarra guipuzcoano fue condenado a 108 años por el intento de asesinato de los ex ministros socialistas José Barrionuevo y Matilde Fernández y el atentado fallido contra dos furgones policiales que prestaban su servicio durante los partidos que se disputaban en el estadio de Vallecas, en 2002.
Posteriormente fue absuelto por falta de pruebas de la acusación de poner un coche bomba junto a la sede de Repsol en Madrid en 2002, un atentado que produjo daños materiales, pero no víctimas.
Fue uno de los 19 presos de ETA que recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) para que se le descontasen las penas cumplidas en Francia, pretensión que desestimó esta instancia en 2019.
La red de apoyo a presos de ETA Sare se ha felicitado por la resolución de la Audiencia Nacional, pero ha lamentado la «lentitud» con la que se está aplicando le ley aprobada en octubre.
Sare ha recordado que hay 52 presos de ETA pendientes de que se les acorten las condenas en aplicación de esta normativa.
«Está lentitud intencionada por parte de la Audiencia Nacional en la aplicación de esta ley, supone una vulneración de derechos al obligar a un número importante de presos a cumplir más tiempo de privación de libertad que la pena impuesta por los tribunales», ha opinado Sare.
