NC-BC critica la falta de consenso y el impacto de la ley de la vivienda vacacional en los pequeños propietarios

15 de marzo 2025

González afirma que el proyecto del Gobierno está abocado al fracaso por ser inaplicable y favorecer aún más la concentración de la riqueza en el turismo

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) criticó en el pleno del Parlamento, la falta de consenso y el impacto del proyecto de ley de la vivienda vacacional del Gobierno de CC y el PP en los pequeños propietarios del Archipiélago. La portavoz parlamentaria en la materia del grupo canarista, Esther González, afirmó además que la propuesta del gabinete presidido por Fernando Clavijo está abocada al “fracaso” por ser “inaplicable” y favorecer aún más la concentración de la riqueza en el turismo.

En el debate sustanciado hoy en la sesión plenaria extraordinaria con la que se dio comienzo a la tramitación del Proyecto de Ley (PL) de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, Esther González reconoció la necesidad de regular el alquiler vacacional. Pero criticó el contenido de la iniciativa de las dos derechas canarias por haber sido elaborado y tramitado sin consenso. “Regular y ordenar la vivienda vacacional, sí, pero rotundamente no, de esa manera”, denunció la portavoz canarista.

Cuestionó que perdurara en el tiempo por el “fuerte” rechazo generado en diversos sectores, salvo el empresarial hotelero. Mencionó, entre los primeros, a las federaciones de municipios (Fecam) e islas (Fecai), al Consejo Económico y Social (CES), a la Confederación Canaria de Las Palmas (CCE) y de Santa Cruz de Tenerife (CEOE), la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) y la Cámara de Comercio de Santa Cruz, entre otros. Entidades, que, según González, entienden que “lo que está detrás” del proyecto de ley “no es la defensa del derecho a la vivienda, sino impedir la competencia a los de siempre”.

Para NC-BC, esta norma va a ser “inaplicable” porque los ayuntamientos y los cabildos no cuentan con los recursos económicos y medios técnicos suficientes para hacer cumplir sus obligaciones sin el apoyo del Ejecutivo canario. Tiene “muchas probabilidades de pasar a la historia como una ley fracasada”, avanzó.

Refirió la parlamentaria canarista que el mensaje de la consejera de Turismo, Jessica de León, de que la proliferación de viviendas vacacionales es “una de las principales” causantes del encarecimiento del alquiler residencial creó una alarma, que llevó a NC-BC a solicitar la fijación de una moratoria temporal para nuevas autorizaciones hasta la aprobación de la norma. Una solicitud que De León desechó y que, en 14 meses, ha provocado un aumento de 17.926 nuevas autorizaciones, recriminó Esther González.

Discutió los datos empleados por el Gobierno para sustentar la escasez de viviendas en las zonas residenciales y, en consecuencia, el aumento del precio de los arrendamientos que dieron lugar a una enorme alarma social al afirmar que “no se corresponde con la realidad”.

Con la norma de las dos derechas canarias, prosiguió, “se intenta vestir un santo para desvestir a otros muchos al no diferenciar” entre los pequeños propietarios y los grandes tenedores. Para la parlamentaria de NC-BC, se perjudica a los primeros (89,07% del total de las viviendas vacacionales, 55.153 de las 60.146, totales), ya que muchos de ellos obtienen, en esta actividad económica, un complemento económico.

Esta realidad, en opinión de la portavoz de NC-BC, “no ayuda a mejorar la redistribución de la riqueza” proveniente del turismo. Una redistribución de la riqueza que, “como todos sabemos, en Canarias cada vez más brilla por su ausencia”, subrayó.

Observó además que la propuesta de Turismo, aunque contempla las distintas realidades entre las islas, no tiene en cuenta las singularidades municipales, lo que influye en el porcentaje máximo permitido de arrendamientos vacacionales.

Esther González denunció que la norma de CC y el PP es un “intento de beneficiar a los de siempre, perjudicando a las familias canarias que destinaron sus ahorros a adquirir una segunda residencia para uso individual y, en el caso de que lo necesitaran, una renta complementaria”. Un proyecto de ley, insistió, que adolece de un “mínimo” consenso, de “muy difícil” aplicación y que “anula la democratización” de los ingresos que genera el turismo al potenciar la “concentración en manos de cuatro”.