La Fiscalía pide amnistiar a ex altos cargos de Puigdemont procesados por organizar el 1-0

24 de abril 2025/Agencias
La Fiscalía ha pedido la amnistía para los cerca de 40 empresarios y ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont procesados por los preparativos del 1-O, así como para el exconseller de Exteriores Raül Romeva, tras casi un año de bloqueo por una discusión sobre competencias judiciales.

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público considera que «se compartan o no las motivaciones políticas, ideológicas o incluso filosóficas» de los impulsores de la ley, los procesados por el 1-O deben ser amnistiados dado que sus actuaciones se ciñeron a la financiación y organización del referéndum, por lo que están incluidas en la amnistía.

La Fiscalía deja al margen de la amnistía dos gastos concretos que cree que no están vinculados con el ‘procés’: el servicio de limpieza y una auditoría encargados por el Diplocat -consorcio públicoprivado que se dedica a proyectar Cataluña en el mundo-, por lo que pide llevar a juicio a los exsecretarios generales de la institución Roser Clavell y Albert Royo, aunque únicamente por esos contratos.

En su escrito, el fiscal se desmarca de la tesis del Supremo y pide a la Audiencia de Barcelona que amnistíe también el delito de malversación -que se suma a los de prevaricación, falsedad documental y desobediencia por los que fueron procesados los organizadores del referéndum- porque, de lo contrario, se dejaría «vacío de contenido» lo dispuesto en la ley.

Desvío de fondos para financiar el 1-O
Por la logística del referéndum el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona procesó a una treintena de miembros del ‘sottogoverno’ de Carles Puigdemont, entre ellos los exdirectores de la CCMA, TV3 y Catalunya Ràdio, Núria Llorach, Vicenç Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente; el que fuera director de la delegación del Govern ante la UE Amadeu Altafaj y la exinterventora de la Generalitat Rosa Vidal.

A ellos se añadieron posteriormente los investigados en el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona por los gastos del ‘procés’ en el exterior, entre los que figuraba Romeva.

En su escrito para amnistiar al ‘sottogoverno’ de Puigdemont la Fiscalía concluye que los ex altos cargos procesados «dirigieron, promovieron y participaron activamente» en la ejecución de una «estrategia» dirigida a la celebración del referéndum, «cada uno de ellos dentro de su nivel de responsabilidad», pese a que había sido suspendido por el Constitucional.

En concreto, detalla que el Govern siguió la estrategia de «diluir la responsabilidad individual», mediante la colaboración de varios departamentos de la Generalitat, «para dificultar cualquier tipo de obstaculización que pudiera provenir del Estado».

Entre los actos que la Fiscalía atribuye a los procesados, y que considera amnistiables, figuran la disposición de fondos y recursos públicos para financiar el 1-O, la elaboración de una página web informativa, el aplicativo de registros de catalanes en el exterior, el registro de voluntarios, las campañas de comunicación institucional y las del Diplocat.

Otras de las actividades atribuidas a los procesados y que también deben quedar amnistiadas, según la Fiscalía, son el proceso de nombramiento y comunicación formal de los miembros de las mesas electorales del 1-O, que varias consellerias encargaron a la empresa Unipost, y la elaboración del censo electoral mediante todos los registros públicos de propiedad de la Generalitat.

En este procedimiento estuvieron investigados también los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, exaltos cargos de la conselleria de Vicepresidencia y Economía liderada por Oriol Junqueras, aunque su caso, al igual que el de la exconsellera de Cultura Natàlia Garriga, quedó en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al estar aforados.

Con los tres procesados pendientes de juicio, el TSJC paralizó en julio del pasado año la aplicación de la amnistía a Jové y Salvadó y elevó la ley al Constitucional y a la justicia europea al cuestionar que el delito de malversación deba ser perdonado.