Abascal advierte a Feijóo que el reparto de migrantes atenta contra los pactos de PP y Vox
29 de Junio 2024/Agencias
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este viernes al PP que aceptar el reparto de migrantes en las comunidades donde gobiernan ambas formaciones «iría claramente en contra del espíritu y la letra de los pactos regionales» acordados entre ambos partidos.
Así lo ha señalado Abascal, durante la clausura de la Asamblea General Ordinaria del partido, en referencia a la reforma de la Ley de Extranjería planteada por el Gobierno central y canario para establecer un reparto obligatorio entre las comunidades de los migrantes llegados a zonas con sus recursos ya tensionados.
Una propuesta para la que ambos Ejecutivos buscan recabar el apoyo de los grupos políticos para su futura tramitación parlamentaria, especialmente del PP, que hasta ahora ha mostrado sus reticencias con el actual texto y ha pedido que se tenga en cuenta a las comunidades autónomas para llevarla a cabo.
En referencia a esta reforma, Abascal ha señalado que los Ejecutivos autonómicos donde está Vox «son amenazados con repartir inmigrantes ilegales en todos esos Gobiernos».
Y se ha referido al PP como «cómplice» de ello, así como de «regularizar de golpe a medio millón de personas que han entrado ilegalmente en España», en referencia la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de extranjeros que se encuentra ahora en tramitación parlamentaria.
«Frente a la amenaza que algunos quieren hacer, queremos responder», ha afirmado, antes de precisar que en Vox están «plenamente dispuestos a cumplir con total fidelidad los pactos suscritos en las regiones» y pedir al PP «lealtad» con esos pactos.
«Si los gobiernos autonómicos no ponen todo lo que esté en su mano para combatir la inmigración ilegal y el efecto llamada, nosotros cumpliremos con el compromiso de nuestros votantes, cumpliremos nuestra palabra», ha concluido sobre este asunto.
Ninguno de los acuerdos de Gobierno alcanzados entre PP y Vox para formar Gobierno en cinco comunidades autónomas -Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia y Extremadura- hacen referencia expresa a la acogida de menores migrantes no acompañados en sus territorios.
En el caso de Aragón, se pactaron algunas medidas en materia de inmigración, como exigir la acreditación de permiso de residencia y no solo el certificado de empadronamiento para acceder a ayudas autonómicas y suprimir «cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos».
Los acuerdos en la Comunidad Valenciana y Murcia también recogen esta supresión de ayudas a entidades y una especial atención a «las mafias organizadas» como puntos de compromiso en este ámbito.
En Castilla y León, de forma más general, se pactó promover «una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León», mientras que el acuerdo de Extremadura no hace ninguna referencia a políticas de inmigración.