Accem presenta un informe de referencia internacional sobre el sistema español de asilo y migración

20 de Septiembre 2024

El informe, de referencia internacional, forma parte del Proyecto AIDA, una base de datos gestionada por el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE) y que contiene información detallada sobre los sistemas nacionales de asilo de 23 países europeos.
La ONG pretende con este proyecto contribuir a mejorar las políticas y prácticas de asilo en Europa, así como las condiciones de vida de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional .
20 de septiembre de 2024. MADRID.

Desde hace 8 años, Accem es la entidad experta responsable de elaborar el Informe de País: España, que se ha presentado hoy en un evento online con representantes de Accem, CREADE Madrid y ACNUR para compartir buenas prácticas y los datos más relevantes del informe. El informe forma parte del Proyecto AIDA (Asylum Information Database), una base de datos gestionada por el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE). Este proyecto contiene información detallada sobre los sistemas nacionales de asilo de 23 países, entre los que se incluyen 19 estados pertenecientes a la Unión Europea, y su objetivo general es contribuir a mejorar las políticas y prácticas de asilo en el continente europeo, así como las condiciones de vida de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional.

El evento de presentación ha arrancado con la bienvenida de Enrique Barbero, director general de Accem, que ha sostenido que “en los tiempos que corren, defender el derecho de asilo en Europa es fundamental”. Teresa de Gasperis, coordinadora de Alianzas y Relaciones Internacionales de Accem, ha avanzado los puntos más significativos y explicado que el documento “aborda información actualizada y fiable sobre el procedimiento de asilo, las condiciones de acogida y el acceso y disfrute de derechos e integración de las personas”.

Durante la presentación, Ana Martínez, coordinadora de CREADE Madrid —el centro de recepción, atención y derivación en Pozuelo, habilitado tras el estallido de la guerra en Ucrania—, ha explicado el modelo de gestión de la protección temporal e internacional a través de este centro como “ejemplo de buenas prácticas a muchos niveles, tanto por la atención integral como por la perspectiva humanitaria que ha adquirido desde el primer día”.

Además, María Vallés, Senior Protection Associate de ACNUR; ha abordado la intervención que realiza esta agencia de Naciones Unidas en Canarias y ha manifestado la importancia de “conocer los puntos de salida para determinar la ruta y los perfiles de las personas que llegan a Canarias”.

El evento ha concluido con la intervención de Judith García, coordinadora del Servicio Jurídico de Accem, quien ha expuesto la necesidad de encontrar vías legales y seguras, como el reasentamiento y otras vías complementarias, “para evitar estos viajes tan peligrosos que las personas que necesitan Protección Internacional se están viendo obligadas a emprender”.

Llegadas de personas refugiadas y migrantes a España

Tal y como ha explicado Teresa de Gasperis, en 2023 se realizaron en España un total de 163.220 solicitudes de protección internacional, “siendo Venezuela, Colombia, Perú, Honduras y Cuba los cinco principales de países de origen de las personas solicitantes”. De estas solicitudes, se rechazaron 35.392 y se otorgaron el estatus de refugiado a 7.330 personas y la protección subsidiaria a 3.833 personas. Además, se otorgó protección por razones humanitarias a 41.487 personas. La tasa de reconocimiento de la protección internacional se mantiene alrededor del 16,62 % de los casos, ligeramente superior a la tasa del año anterior. De todas las personas que obtuvieron algún tipo de protección internacional destacan las originarias de Mali, Afganistán, Siria, Nicaragua y Honduras como los países con mayor tasa de reconocimiento.

El informe también destaca el incremento del 82,1 % de las llegadas a territorio español respecto a 2022. En total, durante 2023 llegaron a España 56.852 personas, de las cuales la gran mayoría lo hizo a través de vía marítima, especialmente en la ruta canaria.

En este sentido, el informe también pone de relieve el número de personas que murieron en las aguas próximas a España. Teresa de Gasperis ha defendido durante la presentación “la necesidad de unas vías legales y seguras, pues son muchas las personas que mueren tras tratar de buscar protección porque su país no se lo está ofreciendo”. Según la ONG Caminando Fronteras, 6.618 personas murieron intentado llegar a España durante el año pasado.

Análisis del procedimiento de asilo

Respecto al procedimiento de asilo, el informe señala como un punto de mejora pendiente los persistentes retrasos en las citas para registrar la solicitud de asilo. Durante 2023, las personas solicitantes de asilo siguieron enfrentándose a numerosas dificultades y largos tiempos de espera para obtener una cita en la que poder manifestar su intención de solicitar asilo o de formalizar su solicitud, debido principalmente a la falta de recursos. También se destaca la dificultad que persiste para las personas migrantes y refugiadas para acceder a determinados derechos, especialmente a la vivienda, al empleo y a servicios financieros, en parte debido a prácticas discriminatorias. Además, los menores migrantes no acompañados y las personas LGTBI+ han seguido sufriendo discriminación social.

Por otro lado, el documento resalta las mejoras introducidas a través del Plan de Recuperación y Resiliencia para la creación de 17 nuevos dispositivos de acogida, con una capacidad de 6.100 nuevas plazas para personas migrantes y refugiadas. La construcción de algunos de estos centros comenzó en 2023. También se señala como buena práctica la comunicación entre ACNUR y una red de organizaciones dirigidas por personas refugiadas en España, compuesta por más de sesenta asociaciones, con el objetivo de contribuir a la inclusión y el empoderamiento de las personas refugiadas y solicitantes de asilo.

Protección temporal

Al igual que el informe relativo al año anterior, esta actualización contempla un anexo relativo específicamente a la aplicación de la protección temporal a las personas provenientes de Ucrania a causa del conflicto bélico vigente. En este anexo se hace mención a la orden dictada por el Consejo Europeo, prorrogando hasta el 4 de marzo de 2025 la validez de los permisos de residencia y de trabajo concedidos a las personas beneficiarias de protección temporal.

Hasta el 31 de diciembre de 2023, más de 20.593 personas ucranianas con protección temporal estaban empleadas, destacando que el 53 % de ellas eran mujeres.