Amnistía Internacional denuncia «retrocesos» en memoria histórica y acceso a la sanidad
28 de Mayo 2024/Agencias
Amnistía Internacional ha denunciado este martes que, un año después de las elecciones autonómicas de 2023, hay regiones con una «clara tendencia al retroceso en derechos», bien por la derogación o sustitución de la legislación de memoria histórica, bien por «la mayor dificultad de acceso a la atención primaria».
En este sentido, la ONG destaca en un comunicado que el porcentaje de citas de atención primaria atendidas en las primeras 24-48 horas, como «recomienda el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria», se ha desplomado en todo el país, pasando de un 26,8 % en 2022 a un 21,4 % en 2023.
La bajada ha sido especialmente acusada en Andalucía (de 17,7 a 13,4 %), Asturias (de 47,4 a 42,5 %), Castilla-La Mancha (de 30 a 23,7 %), Cataluña (de 28 a 21 %), Comunidad Valenciana (de 24,1 a 18,4 %), Galicia (de 25,7 a 21,4 %) y La Rioja (de 39,8 a 33,3 %).
Por ello, Amnistía Internacional requiere a las autonomías que «incrementen la inversión sanitaria, priorizando de manera especial la atención primaria, invirtiendo por encima del gasto sanitario realizado el año anterior para reforzar las plantillas, mejorar la infraestructura y los recursos materiales de los centros de atención primaria, con el objetivo de que, a medio plazo, las demandas no urgentes se resuelvan en 24-48 horas».
Y al Gobierno central le pide que refuerce el Sistema Nacional de Salud y que establezca un mecanismo de financiación en el ámbito de la atención primaria.
Por otro lado, Amnistía Internacional considera que las modificaciones legislativas en materia de memoria histórica impulsadas por Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria y Extremadura «ponen en riesgo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España durante la Guerra Civil y el franquismo y de sus familiares».
Las susodichas reformas, ya aprobadas o en tramitación, «invisibilizan» esas violaciones de derechos humanos, «niegan las necesidades específicas» de las víctimas y «suprimen censos de víctimas, lugares y rutas de memoria democrática».
Amnistía Internacional exige a estas regiones que «garanticen» la memoria de las violaciones de derechos humanos en la Guerra Civil y el franquismo y que mantengan el «rol consultivo» de las entidades que «tradicionalmente han trabajado por las víctimas del franquismo».
