Arranca el penúltimo juicio de Gürtel, sobre el presunto despliegue de la trama de Arganda
03 de marzo 2025/Agencias
El penúltimo juicio del caso Gürtel arranca este lunes en la Audiencia Nacional, donde están acusadas en torno a una veintena de personas por presuntas adjudicaciones irregulares del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) a cambio de comisiones de hace ya más de dos décadas.
Entre los acusados figuran, además de los considerados cabecillas de la trama, el exalcalde del municipio Ginés López, varios funcionarios y empresarios como el expresidente de Martinsa Fernando Martín, que presidió durante unos meses el Real Madrid CF.
El juicio se celebra con dos de los principales acusados del caso Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, disfrutando ya del tercer grado penitenciario, tras haber cumplido más de una década en prisión.
Según informan a EFE fuentes jurídicas, una gran mayoría de los acusados ha propuesto a la Fiscalía Anticorrupción alcanzar un acuerdo de conformidad por el que reconocen los hechos a cambio de una rebaja en su petición de penas.
En su escrito de conclusiones provisionales, la fiscal expone cómo Correa habría convenido el pago de comisiones con funcionarios y autoridades del Ayuntamiento de Arganda a cambio de la adjudicación de contratos públicos desde 1998 y durante las legislaturas en las que gobernó el PP.
Menciona, por ejemplo, que a cambio de «su intermediación y favorecimiento» de adjudicaciones, el exconcejal del municipio y exdiputado madrileño del PP Benjamín Martín habría percibido de la trama regalos en efectivo y en especie por 363.295 euros entre 2000 y 2008; y el exalcalde Ginés López por 545.328 euros entre 2002 y 2008.
Gracias a «irregulares adjudicaciones», las empresas de Correa obtuvieron contratos de 1,2 millones de euros, y un beneficio de, al menos, 189.991 euros, según Anticorrupción.
La Fiscalía sostiene también que Correa, Crespo y otro acusado relacionado con la trama, Ramón Blanco, habrían convenido con el exalcalde y el exconcejal «el cobro de una comisión» de al menos 25 millones de euros que habría sido abonada, presuntamente, por Fernando Martín, entre otros, con motivo de la adjudicación de unas parcelas a su empresa Martinsa.
Según el juez que investigó el caso, en esta causa los funcionarios acusados habrían colaborado con los políticos en los procesos de contratación emitiendo informes técnicos amañados, validando procedimientos y autorizando facturas y pagos.
El ministerio fiscal se dirige contra los acusados por delitos como prevaricación, fraude, cohecho, falsedad, contra la hacienda pública, insolvencia punible o malversación.
