ASG reclama un plan específico para abordar la sobrecarga judicial en las Islas Verdes

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El portavoz adjunto de Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, muestra su preocupación por la situación y pide que se garantice una dotación equilibrada de recursos y la adecuación de las infraestructuras a las demandas actuales

 

Recuerda que “Canarias lidera, por quinto año consecutivo, la tasa de litigiosidad en España, con 48,75 pleitos por cada 1.000 habitantes, muy por encima de la media nacional de 35,68”

 

20 de diciembre. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha reclamado este jueves al Gobierno de Canarias la aplicación de un plan específico para abordar la sobrecarga judicial en las Islas Verdes, actuación que, según dijo, debe garantizar una dotación equilibrada de recursos y la adecuación de las infraestructuras a las demandas actuales de La Palma, La Gomera y El Hierro.

Jesús Ramos, que interpeló sobre esta materia, en el Parlamento, a la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, recordó que “Canarias lidera, por quinto año consecutivo, la tasa de litigiosidad en España, con 48,75 pleitos por cada 1.000 habitantes, muy por encima de la media nacional de 35,68”. Junto a estos datos, apuntó que hay otros que reflejan “una tendencia al alza, pues los órganos judiciales del archipiélago registraron un total de 109.178 nuevos asuntos entre julio y septiembre de 2024, un 10,9% más que en el mismo periodo de 2023”.

Añadió que “los asuntos pendientes de resolución alcanzaron los 238.951, incrementándose un 16,9% respecto al año anterior”. A su juicio, “estas cifras reflejan no solo la gravedad de la situación, sino la necesidad urgente de medidas estructurales eficaces”, sobre todo “en las Islas Verdes, donde la realidad es especialmente preocupante, pues se enfrentan a retos específicos que agravan las dificultades estructurales del sistema judicial”.

En concreto, se refirió a “la falta de infraestructuras, por ejemplo, en El Hierro y La Gomera carecen de espacios adecuados; el acceso desigual a la justicia, al concentrarse los servicios judiciales en las islas mayores, y los limitados recursos humanos, que se traducen en retrasos acumulados y agravan la sensación de desamparo judicial”.

Explicó que la elevada litigiosidad en Canarias se debe a “factores específicos” de esta comunidad autónoma, entre los que destacó “ser una economía basada en el sector servicios, que genera más conflictos contractuales, laborales y mercantiles; su volumen de población flotante, debido al turismo masivo y la llegada de migrantes, y los problemas socioeconómicos, que tienen como principal exponente la crisis de la vivienda, los desahucios y el aumento de los litigios laborales”.

Indicó que estas causas, “unidas a una evidente insuficiencia de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructuras, perpetúan una situación que afecta tanto a la calidad de la Administración de Justicia como a la percepción ciudadana sobre su eficiencia”.

Reconoció los esfuerzos del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Justicia para hacer frente a esta problemática y las acciones llevadas a cabo hasta ahora, entre las que citó “la modernización tecnológica, la creación de tribunales de instancia, el fomento de mecanismos alternativos de solución de conflictos y las mejoras laborales”, pero advirtió de que “no han sido suficientes”.