CCOO propone al Gobierno un Pacto de Estado por valor de 4.850 M€ para la recuperación, transformación y crecimiento del Correo Público de nuestro país y su incorporación a la Agenda 2030

· El sindicato mayoritario de Correos, con un 40% de representación, presenta al Gobierno, a SEPI y a la empresa pública Correos un documento con 100 iniciativas para sacar a Correos del agujero financiero provocado por el presidente anterior, Juan Manuel Serrano y su equipo directivo (1.500 millones de euros).

· Asimismo, CCOO exige la implicación del Gobierno al máximo nivel y la incorporación de Correos a la Agenda 2030 a través de un Pacto de Estado que conlleve un compromiso de 4.850 M€ para asegurar la financiación del Servicio Postal Universal, y dotarlo de los fondos suficientes para la prestación de Servicios de Interés Económico General (SIEG) que permitan la mejora de la accesibilidad bancaria, servicios digitales y administrativos, además de la prestación de otros servicios sociales a la comunidad, así como su consiguiente crecimiento en actividad e ingresos.

· El sindicato, igualmente, exige un nuevo marco laboral que mejore el empleo, los salarios y los derechos de los más de 50.000 trabajadores/as de Correos.

25 de junio de 2024

CCOO ha enviado al presidente de Correos, a SEPI y al Gobierno una propuesta de Pacto de Estado para la recuperación, transformación y crecimiento del Correo Público de nuestro país, con una vigencia de 5 años, de 2024 a 2028. El objetivo es, en primer lugar, acabar con el agujero financiero en el que lo dejó el anterior presidente de la compañía, Juan Manuel Serrano (camino de los 1.500 M€), y, en segundo lugar, reforzar el Servicio Postal Universal (SPU) que tiene encomendado como operador postal de referencia, así como, además, prestar nuevos Servicios de Interés Económico General (SIEG) que contribuyan a la vertebración y cohesión territorial, social y económica de nuestro país.

El sindicato mayoritario en Correos, con una representación del 40%, estima que se necesitará una partida financiera de 4.850 M€, en el período 2024 y 2028, para revitalizar el Correo Público, rescatarlo de su crisis financiera actual y convertirlo en una herramienta estratégica de país que contribuya de forma principal a su cohesión social y territorial, a su seguridad y defensa nacionales (como ocurrió durante la pandemia y ocurre en la guerra de Ucrania), y a su crecimiento económico y de empleo.

Este refuerzo financiero debe destinarse, de una parte, a una mayor financiación del SPU, con una asignación de 1.500 M€ (250 M€ anuales), acabando así con la ridícula financiación actual, la menor en la historia de Correos con tan solo 115 M€ anuales y que ha provocado un déficit importante en la prestación del servicio postal a la ciudadanía en los últimos años.

Otra partida financiera, de unos 1.850 M€ (370 M€ anuales), debe asignarse a través de un contrato con el Estado, como ocurre, por ejemplo, en el Correos francés, el belga o el italiano, a la prestación de Servicios de Interés Económico General que permitan revitalizar la actividad de la compañía pública promoviendo la cohesión social y territorial, muy singularmente en la España vaciada, con la prestación de nuevos servicios de proximidad a la comunidad muy necesarios para enfrentar el reto demográfico en las áreas que están en declive o estancamiento en gran parte de nuestro territorio, especialmente en el ámbito rural y en los pequeños municipios (servicios digitales y de comunicación en oficinas, servicios sociales que fomenten la inclusión, accesibilidad bancaria, servicios administrativos y otros servicios comunitarios).

La tercera partida, con unos 1.500 M€ para 2024-2027, debe destinarse a financiar un nuevo marco laboral que debe incluir un plan de rejuvenecimiento de la plantilla, un plan de salidas incentivadas, ligado a un plan de entradas (ofertas de empleo plurianuales), que permita rebajar la media de edad de los actuales 52 años a los 46, pero también a mejorar los salarios, actualmente mileuristas, así como a regular las bolsas de empleo, rebajar la eventualidad hasta el 8% del total de la plantilla con nuevas ofertas de empleo y a regular una verdadera carrera profesional, con la revalorización económica y capacitación correspondientes.