Educar en Justicia; Acercando la Ley y el Derecho a las Aulas. Donde no hay justicia no hay libertad.

Miguel Ángel Hernández Concepción
Profesor Enseñanza Secundaria y Bachillerato, Especialista e Investigador.

El Jefe del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Agustín Espinosa, Miguel Ángel Hernández Concepción, es el coordinador en su centro (con la colaboración de otros(as) docentes) del Programa Educar en Justicia, promovido por la Oficina de Comunicación del Consejo del Poder Judicial y dirigido a alumnos de Secundaria y Bachillerato, prioritariamente de centros públicos. El objetivo es que los estudiantes adquieran un conocimiento suficiente sobre el funcionamiento del sistema de Justicia en España, con especial incidencia en aspectos como la violencia de género o la responsabilidad penal del menor entre otros. También se informa al alumnado sobre cuáles son los distintos órdenes jusridiccionales-civil, penal, social y contencioso-administrativo- y qué tipo de asuntos se resuelve en cada uno; como se estructura la Administración de Justicia, cuál es el desarrollo de un juicio penal y qué función desempeñan en él los jueces, los letrados de la Administración de Justicia, los fiscales, los abogados, los testigos y lo peritos.

Además de estos, hay otras profesiones jurídicas (el alumnado debe conocerlas si quiere despertar nuevas vocaciones profesionales)  que intervienen en nuestra Administración de Justicia, como los procuradores. El procurador ostenta la representación de los particulares o las empresas que se ven en la necesidad de acudir a los tribunales y lleva a cabo una serie de funciones que agilizan el procedimiento judicial (por ejemplo, presentan todos los escritos que elaboran los abogados y reciben las notificaciones dirigidas a sus clientes). En la mayoría de los casos, su figura es imprescindible para tener acceso a la justicia. También son muy importantes los funcionarios (gestores, tramitadores y auxilio judicial) que integran la Oficina Judicial- el personal de cada juzgado_los médicos forenses, los intérpretes y /o traductores, y las Fuerzas de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía Nacional, etc.) que actúan como Policía Judicial, colaborando con jueces y fiscales en la averiguación de delitos y el descubrimiento de delincuentes.

La primera fase del proyecto tiene que ver con la aproximación del alumnado a la Administración de Justicia gracias a los recursos facilitados por la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación del Gobierno de Canarias. En una segunda fase del proyecto, el alumnado visitó las instalaciones del Palacio de Justicia de Arrecife  y asistió a juicios por  delitos leves para simular después un juicio en el propio instituto de acuerdo a un modelo de enseñanza por simulación. Desde la materia de  Lengua Castellana y Literatura, el coordinador ha puesto en marcha una iniciativa europea sobre el manejo del Lenguaje y Textos   Jurídico-Administrativos dentro de los procesos lingüísticos de exposición y  argumentación con el fin de que el alumnado aprenda a leer, comprender y emplear  Boletines Oficiales del Estado, de la Comunidades Autónomas, de la Unión Europea  junto con Normas y/o Disposiciones Legales de todo rango y que constituyen la base de  nuestra democracia.Asimismo el alumnado podrá interactuar en un Aula Virtual Educar en Justicia  con el fin de  aprender a relacionarse con la  Administración de Justicia  mediante su lenguaje específico en recursos de alzada, de reposición, de revisión extraordinaria, acciones de responsabilidad patrimonial o denuncias por si fueran víctimas de alguna conducta delictiva como violencia de género, acoso en cualquiera de sus variantes, agresiones, lesiones,  hurtos, robos, etc.

En definitiva, la promoción del conocimiento y uso  del lenguaje jurídico-administrativo así como la identificación de los oficios relacionados con la Ley, el Derecho y la Justicia contribuyen no solo  a que el alumnado desarrolle  un nivel de competencia lingüística y comunicativa superior o de maestría (según el marco común europeo de referencia para las lenguas) sino que, de alguna forma, se reduce la brecha sociocultural y económica  en el  acceso a la justicia gratuita y  se despiertan vocaciones profesionales tradicionalmente asociadas a un estrato social y económico alto o muy alto como es el caso de la carrera judicial o fiscal. Esta iniciativa de innovación educativa  redunda  en el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 3-Educación de Calidad que permite al alumnado no solo reconocer sus derechos y obligaciones sino también exigir por escrito y  en debida forma lo que les corresponde por mandato Constitucional. Solo cuando el alumnado esta  formado en materia jurídico-administrativa puede hacer frente a cualquier manifestación injusta, ilegal,  violenta, discriminatoria o de intimidación venga de donde venga  porque la Justicia está para resolver los problemas de convivencia que otros no han querido resolver mediante el diálogo y la mediación. Donde no hay justicia no hay libertad.