El Cabildo entrega los premios AgroJoven 2025
El PSOE reclama a Rosa Dávila que actúe tras haber dejado en el aire el sistema de dependencia de la Isla al haber finalizado el convenio que lo sustenta
El presidente del Grupo Socialista en el Cabildo, Pedro Martín, y la consejera Marián Franquet han explicado hoy que el convenio de dependencia con el Gobierno de Canarias terminó el 31 de diciembre su última prórroga, sin que el gobierno que preside Rosa Dávila haya suscrito uno nuevo que dé cobertura al sistema a partir de este año, además de solo tener previstos recursos económicos hasta abril. Este convenio es el que financia las plazas de personas con discapacidad, dependientes y mayores, tanto residenciales como de otro tipo, así como el resto de recursos. Más de 41.000 usuarios son atendidos por el sistema de dependencia.
El Grupo Socialista ha presentado una moción al pleno de mañana en la que se urge al grupo de gobierno a elevar la voz ante el Gobierno de Canarias para exigir un nuevo convenio de dependencia y otro para la financiación de las infraestructuras, ante un sistema que se ha quedado sin cobertura.
El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha presentado una moción, que se debatirá mañana en el pleno de la corporación, en el que pone de manifiesto la grave situación que se cierne sobre el conjunto del sistema de dependencia en la Isla, según explicaron su presidente, Pedro Martín, y la consejera Marián Franquet en rueda de prensa. El pasado 31 de diciembre finalizó la última prórroga del convenio con el Gobierno de Canarias que lo financia y el Cabildo solo cuenta con recursos presupuestados hasta el mes de abril.
Es decir, que los servicios del sistema solo tienen garantizada su financiación hasta abril, una situación inédita que ni el grupo de gobierno que preside Rosa Dávila ni el Ejecutivo regional han sabido anticipar ni planificar, según ha explicado Pedro Martín.
Ambos añadieron que la presidenta insular debería reclamar al Gobierno de Canarias que trabaje en el nuevo convenio de dependencia, ya que hasta el momento permanece callada ante esta situación.
La financiación que queda en el aire afecta a plazas para personas con discapacidad, dependientes y mayores, residenciales y centros de día.
Desde servicios de la promoción de la autonomía a recursos adaptados a personas con demencias, problemas de movilidad, teleasistencia, grandes hospitales, como el Febles Campos, o la realización de actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
Al no tener un nuevo convenio desde el 1 de enero de 2025, se están pagando los servicios con los créditos exclusivos del Cabildo (que se agotarían en el mes de abril), no hay posibilidad de crear nuevas plazas, no se puede incorporar el Servicio de Atención Domiciliaria Especializada (SADE), no se puede ampliar la cartera de servicios y no se puede garantizar la continuidad de estos, puesto que el Cabildo no tiene recursos a partir de abril.
Hay que tener en cuenta que esta situación de incertidumbre afecta a decenas de miles de personas en Tenerife, tanto usuarias y usuarios como a cientos de trabajadores de los diferentes recursos que no cuentan con un convenio que garantice los recursos. Solo los usuarios son más de 41.000 personas, a las que hay que sumar los más de 3.200 profesionales.
La situación afecta, no solo al convenio de dependencia, sino que el II convenio de infraestructuras sociosanitarias ha finalizado y no han comenzado las negociaciones del III.
Esto significa que el Cabildo tendría que asumir con fondos propios hasta 2028 el coste de obras ya en marcha por valor de 138 millones de euros:
• Centro de Abades, Arico 4.000.000
• Garachico 11.700.000
• Santísima Trinidad, La Orotava 15.300.000
• Añaza, Santa Cruz 26.500.000
• Arona (Hospital del Sur) 12.700.000
• Residencia de Discapacidad de Buenavista 5.400.000
• Granadilla 9.300.000
• Cuarteles del Cristo 12.100.000
• Febles Campos Nuevo 28.600.000
• Tacoronte, discapacidad. 3.900.000
• Nuevo Camp de La Cuesta 8.500.000.
Todo ello, según ha recordado Pedro Martín, a pesar de la promesa de Rosa Dávila, de destinar 120 millones de euros para mejorar el sistema de dependencia y crear 2.800 plazas para personas dependientes.
La moción socialista reclama al gobierno insular y a su presidenta que exija la firma urgente de un nuevo convenio, que este cuente con la financiación adecuada, que se garantice la continuidad de los servicios y la actualización de los precios de los mismos y poner en marcha un plan de choque contra la lista de espera, dotado con un millón de euros.
Ese millón de euros se incorporó también en el último presupuesto socialista, a propuesta del propio Grupo Popular. No obstante, al acceder al Gobierno, no lo ejecutaron, lo incorporaron en el presupuesto de 2024 y lo utilizaron en cuestiones ajenas a un plan de choque.
Marián Franquet, por su parte, ha recordado que tampoco se ha firmado el nuevo convenio de infraestructuras sociosanitarias, una de las patas fundamentales del modelo para una comunidad autónoma a la cola en la aplicación de la Ley de Dependencia. Asimismo, el propio Gobierno de Canarias no ha incluido en los presupuestos autonómicos las nuevas plazas acordadas a finales del año pasado con el Cabildo.
