El Congreso aprueba una proposición no de ley del PP para alargar la vida de las nucleares

13 de febrero 2025/Agencias

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular que quiere instar al Gobierno a alargar la vida útil de las centrales nucleares existentes en España, que cerrarán de forma escalonada entre 2027 y 2035.

Con 349 votos emitidos, la propuesta ha contado con 171 votos a favor, entre ellos los de PP, Vox y UPN; 164 votos en contra, del Grupo Socialista, Sumar, PNV y Grupo Mixto, además de 14 abstenciones, de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya.

El diputado popular Guillermo Mariscal, que ayer se encargó de presentar la iniciativa para su debate en la Cámara, acusó al Gobierno de diseñar un marco legal que «estrangula» la energía nuclear para que no sea competitiva y que las empresas no tengan más remedio que cerrar.

También se preguntó el motivo por el que el Ejecutivo quiere cerrar las centrales nucleares, que proporcionan, dijo, energía «segura y abundante», teniendo en cuenta las consecuencias económicas, laborales y sociales que sufrirán las comarcas donde están instaladas y acusó al Ejecutivo de no tener alternativas ni propuestas.

Cerrar estas centrales es «un error, un suicidio energético» y una decisión «basada en la ideología» y no en razones económicas ni de sostenibilidad medioambiental, aseguró Mariscal.

El diputado de VOX Ricardo Chamorro dijo que la propuesta de alargar la vida de las centrales nucleares es «de sentido común» y calificó de «psicópatas» y «ecofanáticos» a quienes defienden cerrarlas y «destruir» la industria española.

El representante del Grupo Mixto Néstor Rego anunció el voto en contra de su formación y aseguró que la PNL se basa en premisas falsas sobre la «limpieza» de la energía nuclear, igual que el también representante del Grupo Mixto, Javier Sánchez Serna, que dijo que la PNL contiene tantos datos erróneos que parece que se los ha pasado el «lobby» nuclear».

Por el Grupo Parlamentario vasco, Idoia Sagastizábal consideró «superado» el debate sobre la energía nuclear y explicó que aunque es cierto que es una opción estable para satisfacer la demanda energética, no está exenta de riesgos y tiene también el problema de la gestión segura de los residuos radioactivos.

También destacó que son las empresas las que deciden y a día de hoy, ninguna ha solicitado la ampliación de su vida útil, al tiempo que pidió al Gobierno que diseñe planes de reconversión en las comarcas afectadas para minimizar el impacto del cierre y que los trabajadores tengan alternativas.

Por su parte, la diputada de Junts per Catalunya Pilar Calvo Gómez no anunció ayer su intención de abstenerse en la votación, pero sí recordó la importancia que la energía nuclear tiene para Cataluña, donde hay tres reactores, y donde una de cada dos personas consume electricidad de origen nuclear.

«Nadie puede garantizar» que en pocos años los catalanes vayan a poder prescindir de la energía nuclear. «No podemos prescindir de la energía nuclear sin caer en nuevas dependencias o asumir riesgos de falta de suministro», insistió.

Por parte del Grupo parlamentario socialista, Isabel Pérez Ortiz afirmó que las centrales nucleares no son baratas ni limpias porque dejan residuos muy difíciles de gestionar y acusó al PP de no creer en las energías renovables ni en la transición energética justa y de alinearse «una vez más» con los «intereses privados».

El Gobierno ya no tiene excusa para no rectificar
Según el calendario de cierre fijado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la primera central en cerrar sería la de Almaraz, en Cáceres, que aporta el 7 % de toda la energía que se genera en España y supone 3.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, explican desde la plataforma «Sí a Almaraz, sí al futuro».

Además, desde el punto de vista de la política energética, la energía nuclear que suministra Almaraz aporta una estabilidad al sistema «imprescindible para los planes de reindustrialización que quieren impulsar tanto el Gobierno español como la Comisión Europea».

Tras esta decisión del Congreso, «el Gobierno ya no tiene excusa para no rectificar», asegura el presidente de la plataforma, Fernando Sánchez, que añade que es el Ejecutivo el que fija la política energética y no las empresas, como defiende Moncloa.

Por tanto, y sobre todo ahora que ha recibido un mensaje contundente del Poder Legislativo, el Ministerio de Transición Ecológica debe abrir el diálogo con las empresas para acordar la continuidad de Almaraz», afirma Sánchez, que es también alcalde de Belvis de Monroy, uno de los municipios del área 1 de la central de Almaraz.