El Constitucional afronta el final de los ERE: las condenas de Griñán y de Chaves

16 de Julio 2024/Agencias

El Tribunal Constitucional debate desde este martes los últimos recursos de los ERE con una propuesta que plantea eliminar totalmente la condena por malversación al expresidente de la Junta de Andalucía Jose Antonio Griñán y reducir considerablemente la pena de inhabilitación al expresidente andaluz Manuel Chaves.

Todo ello en un pleno que comenzará con la recusación por parte del PP de la vicepresidenta del TC y ponente de las sentencias, Inmaculada Montalbán; y de la magistrada María Luisa Balaguer por posibles causas de incompatibilidad.

Desde el tribunal se apunta que esas recusaciones son «extemporáneas», dado que se notificó hace más de año y medio la avocación al Pleno del asunto y la composición del mismo. Además, en estas semanas el TC ha dictado siete sentencias sobre otros recursos del mismo caso.

Si, como es previsible, se rechazan las recusaciones, todo apunta a que las propuestas saldrán adelante porque cuentan, en principio, con el apoyo de los siete magistrados del bloque progresista y el voto en contra de los cuatro magistrados del sector conservador.

Además de los recursos de Griñán y Chaves, el pleno que arranca este martes verá los recursos del resto de condenados que recurrieron al TC, que son los del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías; el exdirector general de Presupuestos y exviceconsejero de Presidencia, Antonio Vicente Lozano; y el exdirector general de Trabajo, Juan Márquez.

Los borradores estiman parcialmente los recursos de los expresidentes, por lo que anulan sus sentencias y ordenan a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva con los hechos que apunta el Constitucional respecto de partidas concretas de la prevaricación.

En síntesis, aplica los mismos argumentos que en los fallos anteriores de los ERE: que la elaboración de los anteproyectos y su aprobación como proyectos de ley no constituye prevaricación; que a partir de 2002 se actuaba conforme a la cobertura de la Ley de Presupuestos aprobada por el Parlamento andaluz y que no es lo mismo gestionar las ayudas en la Consejería de Empleo que aprobar las partidas presupuestarias.

En el caso de Griñán, condenado a seis años de prisión y 15 de inhabilitación, el texto elimina totalmente la malversación y hace lo mismo con la prevaricación a excepción de una modificación presupuestaria realizada para la partida 32H, ajena al programa de ayudas sociolaborales, el mismo escenario que afectó a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo.

Dicha partida fue aprobada el 9 de diciembre de 2004 por el Consejo de Gobierno presidido por Chaves y con Griñán como consejero de Hacienda, siendo Martínez Aguayo su número 2 en la Consejería.

De ser así las cosas para Griñán, algo previsible, la sentencia eliminaría definitivamente toda opción de ingreso en prisión, algo que hasta la fecha no ha sucedido porque la Audiencia de Sevilla suspendió la pena por cinco años debido al cáncer que padece.

Y en cuanto a Chaves, la ponencia anula la prevaricación en lo relativo a los proyectos de Ley de Presupuestos, pero no así en lo que se refiere a las modificaciones presupuestarias anteriores a que ese mecanismo se introdujera por ley.

Así las cosas, el texto acota los hechos de la prevaricación a cinco modificaciones presupuestarias entre 2000 y 2001 cuando presidía la Junta así como a la partida 32H de 2004.