El Defensor del Pueblo Europeo investigará a la Comisión por excepción para Salto de Chira

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23 de Junio 2024
El Defensor del Pueblo Europeo investigará a la Comisión Europea para dilucidar si la concesión de la excepción a España para la gestión de la central hidroeléctrica Salto de Chira pudo incurrir en un caso de mala administración, a instancias de la plataforma Salvar Chira-Soria.

Según ha informado el colectivo ciudadano este sábado en un comunicado, la institución europea se abre a investigar esta causa tras la reclamación que presentó uno de los socios de la plataforma el pasado 15 de marzo una vez se conoció, en diciembre de 2023, que la Comisión concedía a España la excepción a aplicar el artículo 54 de la Directiva Europea 944/2019.

Dicho artículo no permite al operador del sistema eléctrico, en este caso Red Eléctrica de España (REE), poseer, desarrollar, gestionar y explotar instalaciones de almacenamiento de energía.

Es decir, que aplicando esta excepción REE podrá gestionar y explotar la futura central hidroeléctrica que se está construyendo en el sur de Gran Canaria.

El Defensor del Pueblo ha emitido un escrito este 21 de junio, facilitado a los medios por la propia plataforma, en el que explica que ve motivos para iniciar una investigación a la decisión de la Comisión Europea, por lo que ve «necesario inspeccionar determinados documentos del expediente de la Comisión para comprender su procedimiento de tramitación de solicitudes de excepción».

Y para ello ha pedido a Bruselas que entregue el expediente de la Comisión relativo a la Decisión 2024/564, por la que se concede a España una excepción a la Directiva 2019/944 en lo que respecta a las Islas Canarias y, a fin de comparar, otro expediente relativo a las tres solicitudes de excepción más recientes basadas en el artículo 66 de dicha directiva.

Documentación que el Defensor del Pueblo Europeo espera recibir el 22 de julio de este año y, a partir de la cual, indagará en los hechos y volverá a ponerse en contacto con el denunciante, al que ha recordado que sus funciones consisten en «investigar las alegaciones de mala administración», no así «anular una decisión de la Comisión».

Salvar Chira-Soria ha defendido que ve «fundamental» que la sociedad canaria «conozca si los motivos por los que la Comisión ha concedido la excepción al operador del sistema eléctrico están debidamente fundamentados, o si por el contrario, existen indicios claros de que la Comisión haya podido incurrir en un posible delito de prevaricación administrativa».

«La Plataforma Ciudadana Salvar Chira-Soria recuerda que para garantizar la neutralidad en el mercado eléctrico el operador del sistema (REE) debe mantener una posición imparcial y de control sobre las operaciones de los diferentes actores que lo conforman, por lo que al haberle sido concedida esta excepción, que permite a REE ser juez y parte, los consumidores quedamos en desamparo al no poder garantizarse dicha neutralidad», ha concluido el colectivo.