El fiscal general acusa a la UCO de «importantes irregularidades» en su informe

06 de diciembre 2024/Agencias
La Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, en su causa en el Supremo ha acusado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de incluir 37 errores en su informe así como de cometer «irregularidades» y de vulnerar sus derechos para defenderse.

El pasado 25 de noviembre se hizo público un informe de la UCO que atribuye una «participación preeminente» del fiscal general del Estado en la filtración de los correos que denunció Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre su pacto por fraude fiscal con la Fiscalía.

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, la Abogacía destaca que en ese informe, realizado sobre el material incautado en el despacho de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, «se advierten importantes irregularidades y omisiones que llevan, necesariamente, a erróneas inferencias», que «suponen una grave vulneración de los derechos fundamentales» de García Ortiz «en el sentido del derecho a un juicio justo y que nos produce indefensión».

Dice que «sin cuestionar en ningún momento la profesionalidad de la Unidad Central Operativa (UCO) ni la de los funcionarios firmantes del informe», existen «hasta 37 errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias advertidas en el informe» del 21 de noviembre.

Además, denuncia «la vulneración del derecho fundamental a la intimidad» de García Ortiz, debido a la «inclusión en el informe de comunicaciones privadas que carecen de relevancia para el objeto de la causa» y que se ve «agravada por la publicación» del informe «ampliamente en los medios de comunicación» lo que «aumenta significativamente el perjuicio causado».

En base a ello, pide al magistrado instructor del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que ordene a la UCO «la revisión del informe para subsanar los errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias denunciadas», así como que «se excluyan todas las manifestaciones, comunicaciones o mensajes que no contribuyan al esclarecimiento de los hechos, garantizando la preservación de la intimidad y el respeto a la esfera personal» del fiscal general.

Y, además, que en el análisis del material incautado durante el registro a su despacho, se valoren todas las fuentes periodísticas relacionadas y el mensaje de WhatsApp enviado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Diaz Ayuso, -citado como testigo el próximo 8 de enero- a los medios alrededor de las 19:00 horas del 13 de marzo.

Como también que se excluyan todas las comunicaciones, manifestaciones o mensajes que no resulten pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, respetando así su intimidad.

Hurtado ya ha respondido a la Abogacía con una breve providencia en la que rechaza todas sus solicitudes por considerar que «no cabe formular reproche alguno al trabajo realizado por una unidad tan especializada y reconocida como es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sin perjuicio del derecho de la parte a su cuestionamiento».