El Gobierno abrirá 9 unidades de salud mental para la atención de afectados por la dana

05 de diciembre 2024/Agencias
El Ministerio de Sanidad abrirá a principios del próximo año nueve Unidades de Salud mental de Emergencia (USME), con un total de 42 profesionales, en los municipios de Valencia devastados por la dana para mitigar los problemas que en este campo puedan tener las personas afectadas y sentar las bases de un sistema de intervención psicosocial que responda de forma ágil a los mismos.

Así lo ha anunciado este miércoles en València la ministra de Sanidad, Mónica García, tras reunirse con el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y ha afirmado que este proyecto, con un modelo de intervención pionero, pretende ser «un pilar clave de atención» a la salud mental.

García ha indicado que estas unidades estarán operativas durante un periodo mínimo de un año «con la posibilidad de extenderse a quince meses o el tiempo necesario», y ha destacado la importancia de la «coordinación, el trabajo en el terreno y ser capaces de anticipar a qué nos vamos a encontrar en problemas de salud mental».

Equipos multidisciplinares
Las USME estarán compuestas por equipos multidisciplinares de psicólogos, psicólogos clínicos, enfermeras, trabajadores sociales y cualquier otro personal sanitario y no sanitario que pueda ser necesario en función del territorio o la población.

Además, incorporarán profesionales para el cuidado de los propios equipos que trabajan en la emergencia, «porque cuidar a quienes cuidan también es esencial», ha dicho.

De este modo, se desplegarán 9 unidades con 4 profesionales sanitarios y no sanitarios en cada una, al que se sumará un psicólogo clínico y un psiquiatra por cada 3 unidades. En total, 42 profesionales que se desplegarán en aquellos municipios denominados como afectados, muy afectados o de “zona cero”.

Por su parte, en Letur (Albacete) se desplegará una Unidad para brindar atención a la población afectada.

Todos los profesionales de las USME ejercerán una «intervención situada», es decir, basada en un conocimiento de la zona, su población y los problemas específicos que enfrenta.

Estarán operativas durante un período mínimo de un año, con la posibilidad de extender su presencia hasta 15 meses o el tiempo que sea necesario según las circunstancias y, del mismo modo, el número de unidades y sus profesionales podrá ampliarse en función de las necesidades específicas que surjan durante su intervención.

Asimismo, estas unidades estarán listas para activarse de forma urgente y coordinada en cualquier catástrofe futura, adaptándose a las características y necesidades del territorio afectado.

Cuatro niveles de intervención
El modelo de las USME, ha explicado, se fundamenta en las mejores prácticas internacionales, siguiendo las recomendaciones de la OMS, y contará con el respaldo de un grupo asesor de expertos y expertas con amplia experiencia en la gestión de inundaciones y otras catástrofes.

Las Unidades se estructuran en cuatro niveles de intervención escalonados y complementarios: el primero de ellos la respuesta inmediata, ya que en los primeros momentos de la catástrofe es crucial garantizar necesidades básicas.

En segundo lugar el apoyo comunitario y familiar. Una vez garantizados los servicios básicos y superada la fase de shock, se iniciará una intervención grupal dirigida a la comunidad y las familias, y se prestará especial atención a niños y adolescentes.

Además habrá apoyos focalizados no especializados, pensado para quienes necesiten un apoyo más personalizado, ya sea porque son más vulnerables a la situación o porque han vivido experiencias especialmente difíciles y, por último, servicios especializados para la atención de personas que por su gravedad requieran asistencia especializada.

Plazos y coordinación
La ministra ha señalado que se prevé tener el operativo activo a principios del próximo año -enero o febrero- ya que antes se hablará con los actores que hacen las intervenciones psicosociales en el terreno, se hará un mapeo de recursos y se conocerán cuáles son las intervenciones que ya se han hecho.

Mónica García ha indicado que se coordinarán las acciones para poder llegar «a todos los rincones» -que «no se nos escape nadie», ha remarcado- y hacer acciones preventivas tras la dana con el fin de poder contener los problemas y no encontrarse, en unos meses, con que están más cronificados y agudizados.

Por su parte, la comisionada de Salud Mental, Belén González, ha aludido a que se pueden dar problemas como ansiedad, depresión o trastornos de estrés postraumático que requieren una atención más especializada, y ha destacado la necesidad de prevenir la incidencia de estas patologías.

La especialista de salud mental de OMS Europa Ana María Tijerino ha destacado la repercusión que en la salud mental tienen catástrofes como la ocurrida tras la dana y, para reducir su impacto y crudeza, es necesario trabajar unidos con los Estados miembros e implementar políticas que promuevan el apoyo psicosocial para los afectados.