El Gobierno llevará la reforma para el reparto de menores a una sectorial en Canarias

Canarias

27 de Junio 2024/Agencias
El Gobierno presentará su propuesta de reforma legal para establecer un reparto obligatorio de migrantes entre las comunidades autónomas a la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebrará en las próximas semanas en Canarias.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras concluir una primera ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para recabar apoyos para sacar adelante este texto.

Como resultado de estos encuentros, el ministro ha informado que solo Vox ha dado un «no rotundo», mientras que el resto de las formaciones han presentado sus matices en ciertas materias como la financiación.

Los siguientes pasos serán estudiar las cuestiones planteadas por los grupos y trasladar la propuesta a las comunidades autónomas en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que tendrá lugar en Canarias en las próximas semanas.

Posteriormente, y una vez el Gobierno cuente con los apoyos necesarios de manera definitiva, se llevará al Congreso para su aprobación final, «bien como proposición de ley o como decreto ley», algo que, según el ministro, esperan que pueda producirse antes de que acabe julio.

Acerca de los matices que han presentado los grupos políticos, Torres ha aclarado que el texto actual ya hace referencia, en dos ocasiones, a que se adoptarán «las medidas financieras que resulten necesarias».

Por su parte, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha celebrado que, aunque «no hay fumata blanca», todos los grupos menos Vox se hayan mostrado «perfectamente conscientes y solidarias» con la situación en Canarias y que lo que está en juego ahora son «pequeños matices», lo cual es «muy alentador».

Ha dicho que es «evidente» y «razonable» que las comunidades autónomas quieren conocer la propuesta, una reivindicación que había trasladado ya públicamente el PP, porque son ellas las que después tendrán que aplicar la ley.

Preguntado por la postura de Junts, Torres ha señalado que esta formación trasladará su propuesta al Ejecutivo y, sin dar más detalles, ha mencionado que también está encima de la mesa el acuerdo entre el PSOE y esta formación para ceder a Cataluña de las competencias de inmigración.

El texto sobre el que se trabaja ha sido gestado durante meses entre el Gobierno central y el autonómico de Canarias para dar cumplimiento a un pacto entre PSOE y Coalición Canaria que permitió la investidura de Pedro Sánchez.

Según han informado ambos Ejecutivos a lo largo de estos meses, el texto en el que han trabajado es una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que, cuando los recursos de acogida de una comunidad estén por encima 150 % de su capacidad, se deriven a otras regiones del país en función de criterios acordados en 2022 en una Conferencia Sectorial, como el PIB o la población.

En el caso de Canarias, se considera que su cupo de acogida es de 2.000 menores y, según su Gobierno autonómico, actualmente hay casi 6.000 menores no acompañados en las islas.

Tras llegar a un acuerdo entre los dos Ejecutivos hace unas semanas acerca del texto, ambas partes habían insistido en que ahora era momento de recabar los apoyos de los grupos parlamentarios y han apelado especialmente al PP.

Este forma parte del Gobierno de Clavijo (Coalición Canaria), impulsor de esta reforma junto al Ejecutivo central, pero el acuerdo cuenta con la oposición frontal de Vox, que mantiene coaliciones con los populares en cinco regiones: Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia.

Tras su reunión con el ministro y el presidente canario, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha reiterado este miércoles su oposición a la reforma y, preguntada por lo que podría suponer el apoyo del PP para los Gobiernos autonómicos de coalición PP-Vox, ha abogado por esperar a conocer su postura.

«Pero en caso de que lo acepten y sabiendo que eso es una cuestión crítica para nosotros, a partir de ahí serán nuestros vicepresidentes los que se pronuncien pero, en cualquier caso, igual que se ha hecho en Aragón, se convocará esa mesa de seguimiento de pacto que permite la gobernanza del Partido Popular», ha añadido.