El grupo húngaro Ganz Mavag (Magyar Vagon) retira opa sobre Talgo tras veto del Gobierno
30 de Agosto 2024/Agencias
El grupo húngaro Ganz Mavag (Magyar Vagon) ha retirado la opa que había lanzado, por 620 millones de euros, para controlar el 100 % del constructor de ferrocarriles Talgo, después de que el martes el Gobierno español vetara su oferta.
Según ha podido saber EFE en fuentes próximas al grupo húngaro, la decisión se ha adoptado en la reunión mantenida este jueves en Budapest por el consejo de administración del consorcio.
No descarta presentar otra oferta a futuro
Ganz Mavag ha acordado retirar su opa y mantener una estrategia judicial contra la decisión del Gobierno español, y no desiste de presentar otra oferta a futuro para hacerse con Talgo.
El Gobierno español vetó el pasado martes la entrada del grupo húngaro en Talgo, al considerar que existían intereses estratégicos y razones de seguridad nacional «insalvables».
El Consejo de Ministros, en su primera reunión tras la vuelta de vacaciones, ratificó la posición de la Junta de Inversiones Exteriores (órgano multiministerial liderado por el Ministerio de Economía) en contra de la opa por esas razones «insalvables» de seguridad nacional, que el Gobierno no ha desvelado porque ha decidido declarar clasificada la información de este caso.
Por su parte, el consorcio húngaro anunció que recurriría en todas las instancias posibles la decisión, tanto en España como en Bruselas, según indicaron a EFE fuentes del grupo.
No obstante, el Ejecutivo español dice sentirse respaldado por Bruselas en su veto a la opa del consorcio público privado húngaro, al haber manifestado este jueves la Comisión Europea (CE) que es una decisión que corresponde a España y no es necesario que se la comunique al Ejecutivo comunitario.
«La prerrogativa de estas decisiones es de los Estados miembros. No tenemos ningún comentario específico», ha dicho la portavoz comunitaria Francesca Dalboni en la rueda de prensa de la Comisión.
Dalboni ha recordado que la legislación europea permite a los Estados miembros «restringir» la libre circulación en la Unión Europea (UE) sobre la base de motivos de seguridad pública, aunque las medidas adoptadas deben ser «justificadas y proporcionadas».
