El informe del PP en el Senado afirma que la amnistía pone en riesgo el Estado autonómico

04 de abril 2024/Agencias
El borrador del informe que el PP en el Senado ha elaborado para evaluar el impacto autonómico de la Ley de Amnistía concluye que esta norma, que considera plenamente inconstitucional, «deja desprotegido el Estado autonómico» al sentar «un precedente muy peligroso» para su propia supervivencia.

El documento, que debate la ponencia de la Comisión General de Comunidades Autónomas, advierte además de que la proposición de ley que tramita la Cámara Alta «puede ofrecer una expectativa de impunidad» y alentar todo tipo de movimientos separatistas y «actos insurreccionales».

Los populares han promovido la confección de este dictamen en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, a fin de que la comisión general autonómica se pronuncie respecto a una norma que en paralelo sigue su tramitación en la cámara.

Sostienen los senadores del PP que la amnistía supone «la vulneración más grave producida en cuatro décadas del principio de solidaridad» recogido en el artículo 2 de la Constitución y agregan que «no puede concebirse atentado más grave contra la solidaridad que un intento de secesión».

La proposición de ley se opone a «principios esenciales del Estado de Derecho, y quebranta el principio de igualdad, la reserva de jurisdicción, el derecho a la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica», por lo que la norma, siempre según el borrador, afecta negativamente a las Comunidades Autónomas y a sus ciudadanos.

Para el grupo popular se produce también una «flagrante violación» de la igualdad, entre otros aspectos, en lo referido al delito de malversación de caudales públicos, porque al detraerse fondos públicos «de forma ilícita» se afecta a la Hacienda única del Estado de la que se financian todas las autonomías, cuyos intereses son lesionados.

«La vulneración del principio de igualdad, de la reserva de jurisdicción y del derecho a la tutela judicial efectiva determina que la amnistía destruye la vigencia del principio de seguridad jurídica, esencial en el Estado de Derecho», prosigue.

Insiste además en que la amnistía sólo podría ser incluida en el ordenamiento jurídico mediante una reforma de la Constitución y denuncia que, al no haberse abordado esta modificación, se ha privado al Senado del papel que le corresponde en estos casos.

Se produce así una «fraudulenta neutralización» de las facultades de la Cámara Alta, remarca el informe, que ahora podrá ser enmendado por los demás grupos parlamentarios.

En resumen, se produciría un «golpe muy duro para el estado constitucional»; desde un punto de vista político porque el efecto de la ley es la «deslegitimación del Estado, de su derecho y de sus instituciones» y desde el punto de vista jurídico porque «debilita la fuerza vinculante de los principios del Estado de Derecho» y de la Constitución.

Entre los diversos aspectos de la ley analizados en las 25 páginas del dictamen que mañana se votará en la ponencia de la Comisión General de Comunidades Autónomas, se apunta la «tramitación fraudulenta» de la proposición en la que el Parlamento «ha sido un convidado de piedra» porque se negoció fuera de España con Carles Puigdemont.

Su finalidad, concluye, «no es la reconciliación, sino la obtención de los siete votos de Junts necesarios para la investidura de Pedro Sánchez».

En suma, el texto propuesto por el PP reitera la «manifiesta inconstitucionalidad» de la amnistía y trata de desmontar su defensa por parte del Gobierno, por ejemplo, al afirmar que «la ausencia de una prohibición constitucional expresa» no es «argumento suficiente» para justificar su adecuación a la Carta Magna.

«Tampoco el derecho de secesión o autodeterminación de una fracción del pueblo español está prohibido expresamente, y es evidente que las Cortes no podrían legítimamente reconocerlo», concluye el PP.