El juez nutre la causa de la injerencia rusa con pruebas anuladas por Audiencia Barcelona

26 de Julio 2024/Agencias
El juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, ha alimentado la nueva causa sobre la supuesta injerencia rusa en el procés, por la que ha enviado al Supremo a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, con pruebas procedentes de la pieza que anuló la Audiencia de Barcelona.

En un auto de convalidación, el juez apunta que para «reactivar» la investigación sobre la supuesta trama rusa resulta «procedente» encargar de nuevo a la Policía Nacional que utilice una copia íntegra de las actuaciones de la pieza inicial así como un clonado del contenido de los teléfonos móviles de varios de los investigados, diligencias que fueron anuladas en mayo pasado por la Audiencia de Barcelona.

Con la amnistía ya en vigor, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona acordó el pasado 21 de junio abrir una nueva pieza sobre la supuesta injerencia rusa en el procés, después de que la Audiencia de Barcelona le ordenase cerrar la que tenía abierta por prórrogas injustificadas, e implicó por los delitos de traición y malversación a los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas.

Posteriormente, el pasado 8 de julio, el juez rechazó amnistiar a Puigdemont y a los demás implicados en la supuesta injerencia rusa y pidió al Supremo que les investigara por los delitos de traición, malversación y también por organización criminal, si bien el alto tribunal todavía no ha decidido si asume el caso.

Con la nueva pieza separada abierta, el juez sorteaba la resolución de la Audiencia de Barcelona, que anuló las últimas dos prórrogas de la investigación sobre la supuesta trama rusa -desde agosto de 2023- y, con ellas, las diligencias que el magistrado había ordenado a la Policía Nacional.

El pasado 2 de julio, antes de enviar la causa al Supremo, el juez acordó entregar a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional una copia íntegra de las actuaciones y el clonado de los teléfonos que los funcionarios habían efectuado el pasado 20 de marzo, por lo tanto en una de las prórrogas de la investigación anuladas por la Audiencia.

En concreto, el juez, que decretó la pieza secreta, encargó a la Policía que verificara los indicios que él mismo había encontrado analizando los documentos y el contenido de los móviles, así como la veracidad de algunas informaciones periodísticas sobre el caso.

El propio magistrado reconoce en su auto de convalidación que las diligencias de investigación llevadas a cabo durante las dos prórrogas de la investigación que anuló la Audiencia «quedaban sin efecto».

No obstante, considera «procedente» volver a encargar diligencias a la Policía y «reactivar la viabilidad de la utilización de la copia íntegra de las actuaciones y de un clonado de los teléfonos móviles de los investigados», con el fin de que los agentes comprueben los indicios hallados por el magistrado y otros publicados por la prensa sobre la injerencia rusa en el procés.

En este sentido, puntualiza que tenía dos opciones: realizar una nueva copia y un nuevo clonado o bien «convalidar la copia y el volcado anterior por razones evidentes de economía procesal», con lo que se evitarían «nuevos gastos en materiales, desplazamiento de funcionarios policiales especializados y de medios técnicos para la realización de una tarea puramente mecánica de carácter digital».

Ante esta situación, Aguirre optó por la segunda opción y declaró convalidado el acto de copia íntegra de las actuaciones y del clonado de los teléfonos móviles de los investigados efectuado el 20 de marzo de 2024, durante la prórroga que fue declarada nula.

Dos semanas después de convalidar estas pruebas, el juez envió al Supremo su exposición razonada, fechada el 8 de julio, en la que sostenía que hay indicios para investigar a Puigdemont y a Artur Mas por malversación, traición y organización criminal por sus contactos en Rusia para el procés.

No fue hasta un día después, el 9 de julio, cuando un agente de Policía entregó al juzgado un informe de 196 páginas elaborado por la Comisaría General de Información de la Policía, fechado el día anterior, que analizaba el contenido del clonado de los teléfonos móviles y detallaba la participación de cada uno de los implicados en la supuesta trama.