El juez Peinado imputa nuevos delitos a Begoña Gómez por el software de la Complutense

30 de Octubre 2024/Agencias
El juez Juan Carlos Peinado ha imputado dos nuevos delitos a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presunta apropiación indebida e instrusismo en relación a la contratación de un software del máster de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense, y la ha citado el 18 de noviembre para comunicárselo.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha dictado un auto en el que amplía la investigación a la mujer de Pedro Sánchez al admitir a trámite parcialmente una querella de la organización ultracatólica Hazteoír, que en un principio recayó en otro juzgado, el 48.

A los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por los que investiga a Begoña Gómez desde hace meses, el juez Peinado suma dos más -apropiación indebida e intrusismo- por la contratación de un software para el máster que codirigió en la Complutense.

Sin embargo, el magistrado ha rechazado investigar si Begoña Gómez incurrió en administración desleal y malversación, como también sostenía Hazteoír.

En el auto el juez ordena citar personalmente a la querellada para que acuda en persona al juzgado el 18 de noviembre a las 13:30 horas para darle traslado de la querella y ser citada para declarar como investigada, en un momento posterior, por estos dos nuevos delitos.

El magistrado recuerda que la Audiencia Provincial confirmó que fuera este juzgado, al tratarse de hechos conectados por los que ya investiga a Begoña Gómez, el que dirimiera sobre la querella de Hazteoír por presuntas irregularidades relacionadas con la propiedad del software, y a pesar del criterio contrario de la Fiscalía.

Aprecia el juez el delito de apropiación indebida al avalar el relato de la querella en el sentido de que Gómez, que era codirectora de la Cátedra de Trasformación Social Competitiva de la Complutense «habría inscrito a su favor, como titular de la entidad Mercantil Trasforma TSC SL. la marca TSC TRASFORMACIÓN SOCIAL COMPETITIVA, y posteriormente del Software», que «había sido financiado por empresas, pero SIEMPRE PARA (sic) la Universidad Complutense».

También aprecia el delito de intrusismo profesional previsto en los artículos 402 y 403 del Código Penal, que castigan a quien ejerce actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial, y al que ejerce una profesión u oficio sin disponer del título que habilita para ello.

El magistrado subraya que para el delito de intrusismo no es necesaria una continuidad delictiva, y afirma que la querellada pudo cometerlo al redactar los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación, por parte de la Complutense, de un servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión para la pequeña y mediana empresa.

«La querellada no ha acreditado disponer de conocimientos ni facultades para estar cualificada técnicamente, al objeto de conocer científicamente, las citadas necesidades exigidas a los licitadores, y así mismo, entre las facultades de la codirectora del máster no se recogen expresamente las de elaboración de dicho pliego de condiciones, careciendo, en principio de la condición de autoridad o funcionario», argumenta.

Sin embargo el juez Juan Carlos Peinado rechaza un posible delito de administración desleal porque no se puede deducir que Begoña Gómez «tuviera la encomienda de administrar o gestionar bienes de la Universidad Complutense de Madrid».

También rechaza el delito de malversación de caudales públicos porque Gómez no tiene la condición de autoridad, o de funcionario público que requieren, «ni haciendo la interpretación más extensiva de dicho concepto».

El juez Juan Carlos Peinado investigaba hasta ahora a Begoña Gómez, al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Para el 18 de noviembre ya había citado como testigos al director de la asesoría jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, Gabriel Ramón Navarro y al exconsejero madrileño Juan José Güemes.