El juez toma declaración a dos fiscales de Madrid, claves en la causa contra García Ortiz

12 de enero 2025/Agencias
La causa en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, coge velocidad con las declaraciones de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y del fiscal del caso Julián Salto, citados este jueves como testigos.

Tras las testificales de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y de ocho periodistas, ahora es el turno de dos de los fiscales de Madrid inmersos en el intercambio de mensajes e informaciones la noche del 13 de marzo, en la que se produjo la supuesta revelación de secretos que investiga el magistrado, que culminó al día siguiente con la nota publicada por la Fiscalía.

De hecho, su testificales se antojan clave a la vista de que, hasta la fecha, no se ha podido encontrar ningún mensaje en el móvil del fiscal general sobre lo ocurrido aquella noche, si bien si constan algunos en otro informe de la UCO, en los que aparecen también Lastra y Salto, de ahí el valor de su declaración.

Salto reenvió los correos a sus superiores el 13 de marzo
Julián Salto ya prestó declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la querella que González Amador presentó contra él, que fue archivada una vez que el fiscal general asumió en un escrito la responsabilidad por la nota publicada.

Salto fue el fiscal que el 12 de marzo envió un correo a la defensa de González Amador para informarle de que iban a presentar una denuncia por fraude fiscal y que había posibilidad de pacto, tres horas después de que la noticia se publicara en El Diario.

Y el mismo que el 13 de marzo reenvió los correos intercambiados con el abogado, entre ellos el del 2 de febrero, que reconocía la comisión de «dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021», junto a otros más, a Lastra y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien a su vez los remitió al fiscal general a las 21:59 horas.

Al respecto, el juez Ángel Hurtado considera que «es necesario oírle como testigo ya que su testimonio fue de relevancia» para remitir las actuaciones al Supremo y «se comprometió a aportar correos sobre los que prestó declaración».

Lastra dijo que acató la orden del fiscal general por imperativo
En cuanto a Lastra, declaró ante el TSJM que se opuso a difundir los datos que contenía la nota que publicó la Fiscalía el día 14, pero que García Ortiz le comunicó que publicarla era «imperativo».

De hecho, en los informes de la UCO se aprecia que Lastra discrepa de algunas de las actuaciones, hasta el punto de que Rodríguez le afeó que haya querido «quitarse de en medio» con la nota.

Hurtado quiere escucharla porque «conviene que aporte información en relación con el intercambio de mensajes que mantuvo con el fiscal general, así como valorar el ofrecimiento que hizo para el volcado de los correos electrónicos y WhatsApp que mantuvo con la Fiscalía General».

Todo esto ocurre tras una semana en la que Miguel Ángel Rodríguez ha reconocido al juez que difundió un correo entre el abogado y el fiscal Salto, un documento que a él le filtró el propio González Amador -dijo- para «desmentir» una noticia de La Sexta.

Y después de que dos periodistas revelaran al juez que tuvieron acceso al correo del 2 de febrero seis horas antes que el fiscal general del Estado.

Quedan diligencias pendientes antes de citar al fiscal general
Con las citaciones de los fiscales, quedarán ya para el día 21 los respectivos jefes de prensa de la Fiscalía de Madrid y de la Fiscalía General que cerrarán el capítulo de testificales.

No obstante, fuentes jurídicas señalan a EFE que quedan aun diligencias pendientes antes de que el juez cite para declarar como imputados al fiscal general y a la fiscal provincial.

Entre ellas, la petición del juez a dos operadoras telefónicas para que faciliten los datos del tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten, y los paquetes de datos emitidos y recibidos de los dos números de móvil vinculados al fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, que es el período al que se acotan los hechos.