El PP anuncia que presentará alegaciones al ‘basurazo’ para evitar el “atraco” de Sánchez y Darias a los vecinos de LPGC

El Partido Popular (PP) ha anunciado este jueves que presentará alegaciones a la ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, el conocido popularmente como ‘basurazo’, para evitar que la alcaldesa, Carolina Darias, y Pedro Sánchez, consumen el “atraco” que quieren infligir a los vecinos de la capital grancanaria.

Hoy la Junta de Gobierno ha aprobado este acuerdo, que ahora deberá ser elevado a Pleno, en virtud del cual cada propietario de un inmueble deberá pagar 149,33 euros anuales en este concepto, fruto de la trasposición a las ordenanzas fiscales municipales de la Ley 7/2022, del 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Esta ley -del gobierno Sánchez- obliga a los ayuntamientos y entidades privadas a imponer «una tasa específica y no deficitaria” para poder cubrir el coste que se genera de la gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. “Nos parece un disparate no solo la implantación de una tasa injusta, sino que seamos la quinta ciudad de España donde más caro será este tributo de nueva creación”, agrega la portavoz municipal, Jimena Delgado-Taramona.

Esta tasa es el resultado de abonar una tasa básica (108,45 euros), a la que se suma una cuota de generación por la recogida y una cuota por tratamiento. Por citar algunos ejemplos, las viviendas vacías abonarán solo la cuota básica, las viviendas vacacionales deberán abonar -como ya pasó con la reciente tarifa del agua- una cuota altísima, entre 131,69 y 403,08 euros en función de las plazas.

Los bares-cafetería en función de la calle donde estén entre 148 y 455,83 euros, los restaurantes entre 261 y 1.714,20 euros, los despachos profesionales 116,13 euros y los supermercados entre 608 y 939 euros. “Con estos datos estamos en condiciones ya de afirmar que LPGC tendrá la quita tarifa más cara de toda España, de acuerdo a los datos de la OCU”, solo por detrás de San Sebastián, Gerona, Barcelona y Granada.

Delgado explica que no entiende por qué no se hace como en otras ciudades, como Alicante, donde se tiene en cuenta el valor catastral de la casa. “El PSOE consuma hoy un ‘basurazo’ que se suma al tarifazo del agua aprobado hace tres meses. Entre ambos tributos los vecinos abonarán alrededor de 200 euros más en impuestos al año”, denuncia la portavoz del PP en la capital grancanaria.

Desde el PP se mantiene que esta tasa, que entrará en vigor el próximo 10 de abril, implica una invasión de la autonomía municipal, al impedir que los ayuntamientos hagan uso de su libertad a la hora de elegir su modelo de financiación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos.

Asimismo, existe una amplia gama de medidas para cumplir la directiva europea que no se están teniendo en cuenta ni implementado y que son alternativa al ‘basurazo’, entre ellas, incentivos fiscales a la donación de productos, en particular alimentos; regímenes de responsabilidad ampliada del productor para diferentes tipos de residuos y medidas para aumentar su eficacia, su rentabilidad y su gestión.

Una contratación pública sostenible para incentivar una mejor gestión de los residuos y el uso de productos y materiales reciclados, la supresión progresiva de las subvenciones que no son compatibles con la jerarquía de residuos y el uso de medidas fiscales o de otros medios para promover la utilización de productos y materiales preparados para su reutilización o reciclado, entre otras.