El PP solicita en sus alegaciones la suspensión del ‘basurazo’ hasta que no incluya un estudio económico detallado de los costes del servicio

17 de marzo 2025.- La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha solicitado a través las alegaciones presentadas por su grupo político a la nueva tasa de basura, aprobada con el voto en contra del PP en el pleno ordinario de enero, que se paralice la aplicación de la tasa hasta que no se elabore un informe técnico-económico detallado “que desglose los costes directos e indirectos del servicio, se justifique la cuantía de la tasa en relación al coste real del servicio y se garantice su cumplimiento con los principios de proporcionalidad y equidad”.

De esta manera, los populares solicitan de facto la suspensión del conocido popularmente como ‘basurazo’, un nuevo tributo que pagarán de forma lineal todos los domicilios de la capital grancanaria, a razón de 150 euros por vivienda, y que viene a cubrir la totalidad de los 32 millones de euros anuales que se estima cuesta a la ciudad la recogida y tratamiento de residuos.

“De lo que recogía la directiva europea que da origen a la Ley de Economía Circular, aprobada por las Cortes Generales con la abstención del PP, a lo que se ha traducido para el bolsillo de los vecinos de los municipios va un trecho. Esto es un atraco en toda regla y por eso hemos presentado una batería de alegaciones, que estamos pendientes de que sean respondidas”, alega la portavoz del PP.

Los populares solicitan asimismo la apertura de un proceso de debate público “con la participación de los ciudadanos y sectores afectados”, con los que no se ha contado para determinar el coste del nuevo impuesto, así como la valoración de alternativas de financiación “que no recaigan exclusivamente sobre los ciudadanos”, ya que la Ley 7/2022 abre la puerta a fórmulas de compensación que reduzcan notablemente el coste de la tasa y que puede asumir el propio Ayuntamiento.

En total, asegura Delgado-Taramona, el PP ha presentado seis alegaciones a la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos que se fundamentan en la falta de “progresividad y equidad” de la tasa; la falta de transparencia en el cálculo de la cuota a pagar; la falta de mecanismos adecuados de pago por generación; el incremento de la presión fiscal sin mejora proporcional del servicio; la vulneración del principio de suficiencia financiera y no confiscatoriedad y la ausencia de participación ciudadana.

En cuanto al primer aspecto, la falta de progresividad y equidad, se fundamenta -según el tenor literal de lo recogido en las alegaciones- en que el sistema tributario debe estar orientado a la capacidad económica de los ciudadanos, “de manera que quienes tengan mayores recursos contribuyan en mayor medida y quienes se encuentren en situaciones más vulnerables o con menores ingresos no se vean sobrecargados”, algo que no sucede en este caso al ser un mismo importe para todas las familias.

La falta de transparencia en el cálculo de la cuota a pagar se explica porque la Ordenanza en cuestión no define con la claridad necesaria los criterios utilizados para determinar el importe de la tasa. La falta de mecanismos adecuados de pago por generación tiene su sentido en que, de acuerdo a este principio, es imprescindible contar con un sistema fiable que permita medir con precisión la cantidad de residuos generados por cada usuario, lo que en el caso de Las Palmas de Gran Canaria “es imposible” saber qué consume cada cual.

“Implantamos la tasa en un momento crítico, con el pliego de Recogida de Residuos vencido desde 2020 o con contratos de la época de pandemia prorrogados a nuestro juicio ilegalmente”, subraya la portavoz del PP, por lo que no se garantiza este principio. Los tres argumentos restantes son “demoledores” y se explican en sí mismos, indica la edil en relación al incremento de la presión fiscal sin mejora proporcional del servicio; la vulneración del principio de suficiencia financiera y la ausencia de participación ciudadana.

Desde el PP tienen pocas esperanzas en que Carolina Darias reflexione y corrija este “atraco” que, con la colaboración inestimable de su colega Pedro Sánchez desde Madrid, van a padecer todos los vecinos de la capital grancanaria. “Es difícilmente entendible que cuando peor estamos en materia de Limpieza se adopte una decisión tan lesiva económicamente, porque vamos a seguir recibiendo un servicio paupérrimo”, concluye.