El presidente Pedro Sánchez se querella por prevaricación contra el juez Peinado

30 de Julio2024/Agencias

La Abogacía del Estado ha presentado este martes, en representación de la Presidencia del Gobierno, que ostenta Pedro Sánchez, una querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a su mujer, Begoña Gómez, por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La querella pide al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigue al juez Peinado por presunta prevaricación, al considerar que dictó «a sabiendas» varias resoluciones «injustas» y contrarias a lo dispuesto en la norma, que atendían a «convicciones propias» que «se apartan de su deber investigador».

La presentación de la querella se justifica en «la necesidad de defender» la institución de la Presidencia del Gobierno frente a «las actuaciones puntuales» del juez Peinado, sin que esto suponga «un ataque al poder judicial, sino el intento de alejamiento del ejercicio puntual de un representante de ese poder, de la arbitrariedad proscrita constitucionalmente».

Una arbitrariedad, continúa, dirigida «respecto del máximo representante de otro de los poderes estatales, esto es, el Ejecutivo, todo lo que parece explicar el injusto proceder del magistrado».

El juez despojó al presidente de las garantías legales
La Abogacía del Estado cree que Peinado prevaricó en dos resoluciones, entre ellas la que citó este martes como testigo en La Moncloa al jefe del Ejecutivo, al considerar que le despojó «de las garantías que le ofrece la ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882» y sin «explicación alternativa».

Porque, según la Abogacía, el titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid no debió acudir a La Moncloa a interrogar al jefe del Ejecutivo, sino permitirle declarar por escrito, como dicta la ley para comparecencias que giren en torno a cuestiones conocidas por razón de su cargo.

«No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación, como decíamos, es la condición de Presidente de Gobierno del marido de la investigada», dice.

La Abogacía subraya que el juez Peinado ya determinó en una resolución que investigaba a Begoña Gómez por los actos y conductas llevadas a cabo desde que Sánchez es presidente del Gobierno y que denunció el autodenominado sindicato Manos Limpias, de modo que no entiende cómo le citó en calidad de «esposo de la investigada», fórmula que justificó que el juez acudiese a la Moncloa.

No se investiga un delito contra la seguridad vial, explica la querella, sino uno en el que el «prevalimiento solo aparece en relación con una autoridad, no con otro tipo de esposos».

La Abogacía cuestiona «qué pregunta concreta cabe hacer» al testigo respecto a hechos que conozca y que no sean «por razón de su cargo» y no le parece «posible lógicamente ninguna pregunta vinculada a la investigación» que pudiese saber si no es teniendo relación con su cargo.

Recuerda que «el conjunto normativo» responde a la «necesidad de respetar las instituciones representativas», pero también habla de «impedir que el ejercicio del poder judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales».

Premura y la falta de justificación
Subraya en este sentido que «a nadie se le escapa la relevancia pública» y electoral que puedan tener las resoluciones judiciales que afectan a miembros del Gobierno y que el legislador no es «insensible» cuando distingue la forma de interrogar a un alto cargo por escrito o ante el juzgado.

«Nada de esto ha sido respetado, ni siquiera tenido en consideración por el querellado (Peinado), máxime respecto de una persona que no es parte del proceso» y que no puede recurrir su resolución, destaca la Abogacía, que critica también la «premura» adoptada por el juez.

Incide en que Peinado no dedicó «ni una sola línea» a justificar por qué la declaración no podía ser por escrito. «Esto nos invita a pensar, que el magistrado instructor, en dicha resolución, se aparta de los métodos usuales de interpretación, siendo, su voluntad, la única explicación posible», apunta.

La Abogacía, que cuestiona también la decisión del juez de grabar la comparecencia del jefe del Ejecutivo al ser una formalidad «pensada para la sede judicial», entiende que «la institución que dirige» Pedro Sánchez, la Presidencia del Gobierno, se ha visto «agraviada» por la actuación del juez Peinado.

Y también ve «presuntamente prevaricadora» la resolución del juez sustituto que rechazó reconsiderar la citación de Sánchez en La Moncloa en respuesta a un escrito del jefe del Ejecutivo, en el que mostró su voluntad de colaborar pero recordó que la ley le permite hacerlo por escrito.

En su querella la Abogacía pide una serie de diligencias, como el interrogatorio de este juez sustituto para que explique si dicha resolución «fue expresión del parecer exclusivo» de Peinado.