El PSOE solicita al Gobierno canario la puesta en marcha de medidas para garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras en el ámbito del servicio del hogar familiar

· El Grupo Parlamentario Socialista presenta en este próximo Pleno de la Cámara regional una Proposición No de Ley (PNL) para constituir la Comisión Técnica del Empleo en el ámbito del servicio del hogar familiar, así como ampliar la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo

· La propuesta incluye la posibilidad de que se satisfagan los derechos laborales de este colectivo, se ponga en marcha un plan de formación para estas personas, y existan incentivos que favorezcan la contratación de las personas trabajadoras en el ámbito del empleo doméstico

Canarias, 5 de octubre de 2024.- El Grupo Parlamentario Socialista presenta para este próximo Pleno de la Cámara regional una Proposición No de Ley (PNL) en la que se solicita al Gobierno de Canarias la puesta en marcha de medidas que garanticen los derechos laborales de las personas trabajadoras en el ámbito del servicio del hogar familiar.

La propuesta, defendida por el diputado socialista Gustavo Santana, pide que se constituya en el seno del Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL) la Comisión Técnica del Empleo en el ámbito del servicio del hogar familiar, así como la ampliación de la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 con acciones encaminadas a dar satisfacción al despliegue de derechos en el ámbito de prevención de riesgos laborales y sobre al acoso establecidos en el Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, por el que se regula la protección y la salud en el ámbito familiar, todos aquellos acuerdos que se establezcan en las comisiones o mesas correspondiente en el ICASEL.

También se pide trasladar al Consejo Canario de Relaciones Laborales la necesidad de establecer mecanismos efectivos para dar cumplimiento al derecho de información y consulta de las personas trabajadoras en al ámbito familiar, articulando mecanismos para que las personas trabajadoras en el ámbito familiar puedan trasladar a los sindicatos más representativos las posibles vulneraciones de derechos laborales.

Además, la iniciativa solicita diseñar, a través del Servicio Canario de Empleo, un Plan de Formación para las personas trabajadores en el ámbito familiar que, entre otras cuestiones, establezca acciones formativas tendentes a que se forme sobre los derechos laborales de las personas trabajadoras en el ámbito familiar.

La propuesta socialista también apuesta por diseñar un paquete de medidas de incentivos para estimular la contratación por parte de las personas empleadoras a las personas trabajadoras en el ámbito del empleo doméstico.

Desde el Grupo Socialista recuerdan que, con la reciente aprobación por parte del Gobierno de España del Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, por el que se regula la protección y la salud en el ámbito familiar, se viene a dar por satisfecha un vacío normativo sobre los derechos a las personas trabajadoras en el ámbito del trabajo doméstico en relación con la prevención de los riesgos laborales, entre otros.

En esta línea, la Comunidad Autónoma de Canarias se ha dotado de herramientas para prevenir lo más certeramente en el ámbito territorial todas aquellas cuestiones que puedan afectar a la salud laboral de las personas trabajadoras de Canarias, pero, a juicio de los socialistas, deben ser actualizadas tras este cambio normativo.

También resaltan que la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, así como cada uno de sus planes de acción anuales, establece el previo consenso con los agentes sociales y económicos, por lo que es necesario que la nueva actualización del cambio normativo también se incluya en el ámbito de la negociación.

Para los socialistas, esta cuestión no impide que, desde el Parlamento de Canarias, se inste al Gobierno de Canarias a que establezca los mecanismos de los que dispone y se anticipe a tomar medidas antes del despliegue total del Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre. “Para ello, se debe habilitar desde el Instituto Canario de Salud Laboral todas aquellas acciones que faciliten la aplicación de todos los derechos contenidos en la norma, cuestión que debe ser informada y negociada con los agentes sociales y económicos de las islas”.