El TC desestima el recurso de Egeda y 15 productoras por la absolución de seriesyonkis.es
07 de diciembre 2024/Agencias
El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado los recursos de amparo de 15 empresas cinematográficas y de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que confirmó la absolución de los acusados en el caso de supuesta piratería de la web seriesyonkis.es
La sentencia confirma la de la Audiencia de febrero de 2021, que a su vez confirmó la absolución de los cuatro acusados acordada en junio de 2019 por un juzgado de lo penal de Murcia.
Señala el TC que en el recurso de las productoras, entre ellas, Warner Bros, Paramount y Disney, se solicitó la revocación de la resolución recurrida al señalar que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación y por denegarle la Audiencia la celebración de una nueva vista oral para que declararan los acusados.
La Entidad de Gestión consideró igualmente vulnerado ese derecho por habérsele denegado la celebración de otra vista y por considerar que el tribunal de la Audiencia había completado el relato de hechos probados fijados por el juzgado.
Con el respaldo del fiscal en ambos recursos, el TC los desestima tras señalar que la Audiencia motivó debidamente su resolución, por lo que las recurrentes conocieron perfectamente los motivos en los que se basó para confirmar las absoluciones.
El juzgado acordó la absolución de los cuatro acusados, responsables de las páginas web películasyonkis.es y seriesyonkis.es, al considerar que se limitaban a proporcionar a los usuarios enlaces a los servidores en los que estaban alojadas las películas, sin que en aquellas existiera ese contenido.
Además, expuso que desconocían que con su actividad se vulnerara algún derecho y que con ella no obtenían ningún lucro derivado directamente de las descargas, ya que sus ingresos procedían de la publicidad que se contenía en esas páginas.
En el juicio, el fiscal pidió para cada acusado dos años de cárcel por un delito contra la propiedad industrial y la Entidad de Gestión llegó a reclamar una indemnización que superaba los 500 millones de euros.
