Entra en vigor la ley que permitirá a varios presos etarras adelantar su salida de prisión

08 de Noviembre 2024/Agencias
La ley sobre intercambio de antecedentes penales, que permitirá a los presos etarras descontarse las penas que han cumplido en Francia y adelantar así su salida de prisión, entra en vigor este viernes.

Tal y como publicó el Boletín Oficial de Estado (BOE) el pasado 19 de octubre, la norma, que transpone una directiva europea y provocó un fuerte enfrentamiento entre Gobierno y oposición, entra en vigor ahora, de manera que varios terroristas podrán acumular las penas cumplidas en un país europeo y contabilizarlas para salir antes de prisión.

La red de apoyo a los presos de ETA, Sare, ha calculado que 52 etarras podrán beneficiarse de la reforma legal, de los cuales 7 podrían salir de prisión antes de que acabe el año.

Según sus datos, actualmente hay 140 presos de ETA en cárceles vascas y navarras -en distintos regímenes- más otros 4 en Francia.

Serían 52 los presos etarras, 48 en cárceles del País Vasco y Navarra y los 4 en Francia, los que podrán acogerse a la nueva norma, aunque para ello cada preso tendrá, a través de su abogado, que solicitar ante la sala condenatoria -en España, la Audiencia Nacional- que se les aplique la ley para poder salir antes de prisión.

No sería el caso del exjefe de ETA Francisco Javier García Gaztelu, Txapote. La Audiencia Nacional ya tuvo en cuenta en 2014 la pena impuesta por un tribunal francés al acumular sus condenas, de modo que previsiblemente este reforma legal no implicaría su salida de prisión antes de tiempo.

La aprobación de esta ley provocó un duro enfrentamiento entre Gobierno y oposición.

Fue la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) la que advirtió de que la norma contenía una enmienda, introducida durante su paso por el Congreso por Sumar, que suprimía un artículo y la disposición adicional que impedía, hasta ahora, que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.

El texto, con dicha enmienda, fue debatido y aprobado por unanimidad en el Congreso y pasó por el Senado sin que ningún grupo introdujera vetos ni enmiendas.

El PP acusó al Ejecutivo de incluir «de tapadillo» dicha enmienda y afirmó que apoyó el texto por error, mientras que desde el Ejecutivo defendieron que el PP conocía lo que votaba y que el texto es el mismo que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014.