García Ortiz advierte del «peligro» de las acusaciones populares y su interés perturbador

06 de Septiembre 2024/Agencias
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha advertido del «peligro» que pueden tener las acusaciones populares porque permite el acceso a los tribunales «sin filtro alguno», lo que «aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas» tras las que puede haber un interés «indudablemente perturbador».

García Ortiz se ha referido así en su discurso en el acto de apertura del año judicial que se celebra en el Tribunal Supremo, presidido por el rey Felipe VI.

El fiscal general no ha mencionado ninguna investigación, pero su discurso coincide en el tiempo con la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cuya causa hay cinco acusaciones populares y partió de una denuncia del autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias.

En su intervención, ha dicho que «en principio» la acusación popular «es una figura positiva» pero «ocurre que cualquier interés ajeno al fin mismo del proceso tiene acceso a él», un interés «que no tiene por qué ser ilegítimo, pero que mal utilizado puede llegar a serlo».

«Un interés particular, un derecho irrenunciable en el caso de las víctimas de los delitos, pero indudablemente perturbador en otros casos», ha añadido el fiscal general, sobre todo «cuando se pretenden utilidades privadas, políticas, religiosas, corporativas, económicas, mediáticas o, incluso, meramente procesales», porque «todos ellos se alejan de los fines de la investigación criminal».

Así, ha advertido de la «difícil gestión» que suponen las acusaciones populares que implica que «el acceso a los tribunales penales, el ejercicio de la acción penal se ha universalizado», lo que comporta un «peligro» que es «sustantivo e instrumental», porque «cualquier ciudadano puede ejercer la acción popular».

Y ha advertido de que la acción popular «permite el acceso directo a cincuenta millones de ciudadanos ante el Tribunal Supremo» lo que «no es sostenible ni eficiente» ni tiene parangón «en el entorno europeo». «No solo repercute en la calidad de la justicia, en sus prioridades, también contribuye a fomentar la utilización del proceso y de los tribunales con fines espurios», ha dicho.

Por todo ello, ha sostenido que «es necesario hacer una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular» al ser una figura que «permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno».

Y eso, a su juicio, «aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico» en el que «solo deberían llegar ante los tribunales aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal»

En este punto ha ensalzado «el valor de la Fiscalía como balance» y como actor «desprovisto de intereses particulares, sometido solo a la ley y al principio de imparcialidad».

Más allá del uso de la acción popular, ha dejado claro que «España necesita un cambio de modelo procesal penal» de manera que sean los fiscales los que asuman la investigación y «permita invertir el esquema que vemos reproducido a diario y en todas las instancias».

Porque en el modelo actual, ha continuado, «los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal son el primer y único filtro de averiguación de los hechos, incluso aquellos que dudosamente presentan caracteres de delito, lo que puede pervertir la finalidad del procedimiento y la propia idea de Justicia».