Granadilla de Abona presenta alegaciones al borrador de procedimiento para la declaración de zonas tensionadas
Granadilla de Abona fue el segundo municipio de Tenerife en solicitar el estudio para la declaración de zona tensionada
(Viernes 27 de septiembre de 2024).- El pasado mes de mayo, la FECAM remitió a todos los ayuntamientos de Canarias el borrador de procedimiento para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado elaborado por la Consejería de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Movilidad. La propuesta remitida por la Consejería deriva en los ayuntamientos la competencia de realizar todos los estudios previos establecidos por la ley de vivienda estatal para la declaración de zona tensionada, siendo competente el Gobierno de Canarias para declarar, o no, las zonas de mercado residencial tensionado en función del contenido de la documentación aportada, siempre que esta no afecte a la política autonómica de vivienda.
El concejal responsable de Vivienda, Adán García, afirma que el borrador remitido establece una delegación encubierta de competencias “pero sin compromiso alguno por parte del Gobierno de Canarias de aportar medios económicos ni materiales para su desarrollo”. Según García, es lógico que sean los municipios quienes insten el inicio del procedimiento, “pero con la ayuda y colaboración del Gobierno de Canarias” puesto que las competencias municipales se circunscriben solamente a la promoción y gestión de vivienda pública.
Para la alcaldesa de Granadilla de Abona, Jennifer Miranda, la vivienda es el principal problema que sufren los vecinos y vecinas de su municipio por lo que, para afrontar esta situación, se han puesto a disposición del Instituto Canario de la Vivienda de más de 3000 metros cuadrados para la construcción de vivienda pública, y además, “invertiremos más de dos millones y medio de euros para la adquisición de vivienda ya construida, las cuales pasarán a ser públicas y a precios asequibles”.
Las alegaciones presentadas por el ayuntamiento de Granadilla de Abona solicitan del Gobierno de Canarias que ponga a disposición de los municipios los medios económicos y materiales necesarios, además de solicitar la realización de un estudio sobre la situación de la vivienda en Canarias que sirva como base para tomar la decisión de iniciar el procedimiento u otras decisiones en materia de política de vivienda.
