Juzgan hoy lunes al jubilado acusado de enviar 6 cartas con explosivos a instituciones
13 de Mayo 2024/Agencias
Pompeyo González, el jubilado de 74 años detenido en Burgos por el envío en 2022 de seis cartas con explosivos al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, a la empresa Instalaza en Zaragoza, a las embajadas de Estados Unidos y Ucrania y a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), será juzgado desde hoy lunes en la Audiencia Nacional.
Se enfrenta a 22 años de cárcel. La fiscal de la Audiencia Nacional Ana Noé le acusa de un delito de terrorismo (10 años) y de otro de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos (12 años).
Le reclama además una indemnización de 1.500 euros para el trabajador de la embajada de Ucrania que resultó herido al manejar una de las cartas enviadas.
Este lunes, primer día de juicio, está prevista la declaración del acusado, así como de testigos y peritos de la Guardia Civil y Policía Nacional.
Mañana será el turno de personal de seguridad de Presidencia del Gobierno, de la Embajada de Ucrania, de Instalaza, de la Base de Torrejón, del Ministerio de Defensa y de Correos, según han informado a EFE fuentes jurídicas.
La tercera jornada la Sala espera poder practicar la prueba documental y pasar al turno de conclusiones e informes definitivos de las partes.
«Pompeyo González Pascual, contrario al apoyo prestado a la nación ucraniana por el Gobierno de España, por el de los Estados Unidos de América, así como por otras instituciones radicadas en territorio nacional, con la finalidad de lograr variar esos posicionamientos y causar profunda conmoción en la normal convivencia pacífica de la sociedad española» elaboró dichos artefactos en su domicilio de Miranda de Ebro (Burgos), relata la fiscal en su escrito de acusación.
Considera que la cantidad de explosivo empleada y su disposición «sería suficiente para producir lesiones de diferente consideración en función de la cercanía y los posibles órganos afectados».
El pasado 14 de abril, el juez José Luis Calama dejó en libertad a este funcionario jubilado del Ayuntamiento de Vitoria tras casi tres meses en prisión preventiva desde su detención en enero en la operación Konvert («sobre» en ucraniano).
Para garantizar su presencia en el juicio, le impuso comparecencias semanales en el juzgado, la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de fijar un domicilio donde ser localizado.
Entre el 18 y 21 de noviembre de 2022, según la fiscal, envió desde la ciudad de Burgos el sobre dirigido al presidente del Gobierno, que fue recibido el 24 de noviembre en Moncloa, donde se comprobó que podía contener algún tipo de artefacto.
El artefacto explosivo dirigido al embajador de Ucrania llegó a la embajada en Madrid el 30 de noviembre, y al levantar sospechas el vigilante de seguridad lo sacó al patio y ante el temor de que fuera un artefacto lo lanzó al suelo, «momento en el que explotó, causándole una herida abierta en mano derecha».
El sobre dirigido al director de la empresa Instalaza, dedicada a la fabricación de material militar como el lanzacohetes C90 utilizado por el Ejército ucraniano, también fue recibida el 30 de noviembre.
El dirigido al director del Centro de Satélites (SATCEN) de la base aérea de Torrejón de Ardoz fue interceptado también el 30 de noviembre en la oficina de Correos de esa localidad madrileña.
El 1 de diciembre llegó al Ministerio de Defensa el dirigido a su titular, Margarita Robles, y ese mismo día llegó el sexto envío, destinado al embajador de Estados Unidos en España, que fue detectado en el escáner de seguridad.
