La Agencia de Salud Pública: ¿Qué ha pasado y qué significaba para el sistema sanitario?

22 marzo 2025/Agencias
El Gobierno volverá a llevar al Congreso para su tramitación la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que bajo el principio de ‘Una sola salud’ buscaba, no solo actuar ante una eventual pandemia, sino reforzar la capacidad del sistema sanitario para proteger a la población en todos los ámbitos de su bienestar.

El Congreso rechazó el proyecto que modificaba la Ley General de Salud Pública de 2011 para crear esta agencia, con catorce años de retraso y cinco después de la explosión de la covid-19, cuando se retomó la promesa de impulsar este organismo.

Contra todo pronóstico, y tras el respaldo que había recibido en la Comisión de Sanidad la semana anterior -todos los grupos salvo Vox-, el Pleno rechazó la propuesta con los votos en contra de PP, Junts -que ni siquiera intervino en el debate-, además de los del partido de Santiago Abascal.

«Un jarro de agua fría» para las sociedades médicas
Las sociedades médicas más directamente implicadas lamentaron la situación, y el presidente la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) lanzaba una advertencia: «Es un jarro de agua fría porque los retos de salud pública están ahí. Las crisis van a seguir llegando no solo epidemiológicas, sino de mucha índole. Y esto lo tenemos que gestionar».

Para la Sociedad Española de Epidemiología, España queda en una posición vulnerable ante futuras emergencias sanitarias y sin una herramienta clave para la coordinación de datos en materia de salud pública, acciones de promoción de la salud o comunicación, y muy necesaria en un contexto en el que la coordinación internacional se puede ver muy afectada por la salida de EE.UU y otros países de la Organización Mundial de la Salud.

Este nuevo organismo incluía más funciones desde el enfoque ‘Una sola salud’, es decir que «la salud de las personas, la de los animales domésticos y salvajes, las plantas y el medio ambiente están estrechamente relacionados y son interdependientes».

Desde el punto de vista de la vigilancia de la salud pública, tenía entre sus competencias analizar la situación sanitaria de la población, proponer medidas de intervención ante problemas o amenazas y elaborar un informe anual para ser presentado a las Cortes Generales, siempre buscando la equidad de los ciudadanos.

Y en materia de sanidad ambiental, tenía como materia -entre otras- la identificación y evaluación de riesgos derivados por exposición a agentes biológicos o químicos, de biocidas o fitosanitarios, además de tener muy presente la importancia de proporcionar a los ciudadanos información con la mejor evidencia científica disponible ante cualquier eventualidad que afecte a su salud y bienestar.

La agencia iba a quedar adscrita al Ministerio de Sanidad, con un modelo autónomo como el de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

La cuestión más polémica y que centró el debate del jueves -quién la iba a dirigir, con reproches a Fernando Simón y con acusaciones de ‘chiringuito’- quedaba en manos de un futuro reglamento, con el compromiso del Ministerio de Sanidad de que la elección se basara en un concurso de méritos.

El trasfondo político
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó desde Bruselas de «lamentable» el rechazo debido al «cálculo partidista» del PP, pero anunció -al igual que otros miembros de su Ejecutivo- que el proyecto volverá al Parlamento.

Ante estas críticas al PP, los presidentes de Aragón y Andalucía, Jorge Azcón y Juanma Moreno, respectivamente, defendían este viernes el voto de los populares ante el «pisoteo» a la oposición por el veto a unas enmiendas de la ley de desperdicio alimentario, otra de las que se debatieron en el Pleno el pasado jueves.

En una rueda de prensa conjunta, Moreno añadía que la única capacidad que tiene el PP de «parar este pisoteo permanente» de las normas es «una llamada de atención, severa» con ese voto en contra la Agencia de Salud Pública, que además, sostiene, se ha planteado sin financiación ni garantías de independencia y «con gran riesgo de servir solo para el control político y la propaganda».

El trasfondo político del rechazo en el Congreso tuvo respuesta desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes este viernes. «El mensaje que nos llega desde el Parlamento es demoledor: los ciudadanos no somos una prioridad».